Aliado de Maduro asume nuevamente presidencia del Parlamento venezolano
La oposición publicó actas electorales que alegan prueban el triunfo de González Urrutia
El Parlamento venezolano ratifica a Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro busca un tercer mandato entre críticas, tensiones poselectorales y reformas constitucionales. AFP
Caracas. El dirigente chavista Jorge Rodríguez, cercano a Nicolás Maduro, fue ratificado este domingo como jefe del Parlamento de Venezuela. Esto ocurrió cinco días antes de la toma de posesión del mandatario izquierdista, en medio de denuncias de fraude en su reelección.
Rodríguez asumió nuevamente la presidencia de la unicameral Asamblea Nacional (AN) al inicio del período legislativo 2025-2026. Este será el último año del mandato de los actuales legisladores, durante el cual se discutirá una reforma constitucional propuesta por Maduro.
Con 59 años y psiquiatra de profesión, Rodríguez lidera el Congreso desde enero de 2021 y ocupó cargos clave dentro del chavismo. Fue jefe de campaña de Maduro, miembro de su gabinete y vicepresidente durante el gobierno de Hugo Chávez. También encabezó las negociaciones entre el chavismo y la oposición, con mediación de Estados Unidos, para las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.
Tras su ratificación, Rodríguez renovó la invitación a Maduro para juramentarse el viernes y asumir un tercer mandato consecutivo (2025-2031). “Voy a firmar como primer acto de nuestra junta directiva la reiteración de la invitación a quien resultara electo como presidente constitucional”, afirmó Rodríguez entre aplausos.
La juramentación de Maduro está programada para el viernes 10 de enero a las 12:00 p. m. hora local. Junto a Rodríguez, Pedro Infante y América Pérez fueron ratificados como vicepresidentes de la cámara.
Este año se celebrarán elecciones legislativas, además de comicios para alcaldes y gobernadores, en fechas aún por definir.
Poderoso aliado de Maduro es ratificado jefe del Parlamento de Venezuela
Maduro llama a movilizaciones chavistas
“¡El 10 es la cosa! Nos vemos en las calles, en las esquinas, en el barrio (...). El 10 juramos por Venezuela”, publicó Maduro el domingo en redes sociales, llamando a movilizaciones chavistas.
Maduro fue proclamado reelecto por la autoridad electoral con 52% de los votos. Sin embargo, aún no se ha publicado un escrutinio detallado, como exige la ley. La oposición reivindica el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, quien asegura haber obtenido casi 70% del sufragio. Para respaldar su denuncia, publicó copias de actas electorales en una página web.
Jorge Rodríguez calificó estas acusaciones como “mentiras” y “patrañas”. Por su parte, González Urrutia, exiliado en España desde setiembre, anunció que regresará a Venezuela para la toma de posesión, tras culminar una gira internacional por varios países.
Rodríguez, al asumir nuevamente la presidencia de la AN, prometió “seguir luchando por la paz, que nos es tan cara”, en referencia a las denuncias del chavismo sobre conspiraciones de sus adversarios. María Corina Machado, líder opositora declarada en la clandestinidad, ha convocado manifestaciones a través de redes sociales, aunque sin dar detalles.
Protestas poselectorales dejaron un saldo de 28 muertos y más de 2.400 detenidos. De estos, cerca de 1.400 fueron liberados, aunque tres fallecieron en prisión entre denuncias de abusos y falta de atención médica.
El Parlamento venezolano ratifica a Jorge Rodríguez. Nicolás Maduro busca un tercer mandato entre críticas, tensiones poselectorales y reformas constitucionales. (FEDERICO PARRA/AFP)
Reforma constitucional
“Ponemos a disposición la Asamblea Nacional” para “acompañar la discusión” de una reforma constitucional, dijo Rodríguez. Maduro no especificó qué artículos busca modificar, aunque en diciembre adelantó que propondrá “una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana”.
Paralelamente, el Parlamento aprobó leyes controvertidas. En noviembre, los legisladores sancionaron una norma que castiga con hasta 30 años de cárcel el respaldo a sanciones internacionales contra Venezuela. Activistas de derechos humanos consideran esta medida una herramienta para perseguir a opositores y destacan que la ley permite juicios en ausencia.
