San Salvador, El Salvador. Los dos partidos tradicionales de El Salvador, el derechista Arena y el izquierdista FMLN, designaron este domingo a sus candidatos para competir contra el presidente Nayib Bukele en las elecciones presidenciales de febrero próximo, anunciaron ambas agrupaciones.
La exdiputada Mayteé Iraheta, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), y el líder sindical Rafael Aguirre, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), inician la carrera con escasas posibilidades de vencer a Bukele.
La aprobación del mandatario supera el 80% tras haber doblegado a las pandillas, que convirtieron a El Salvador en el país más violento del mundo.
Bukele, un publicista de 45 años, fue proclamado hace dos semanas por su partido Nuevas Ideas para buscar un tercer mandato que extendería su presidencia hasta el 2033.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional denuncian que la ofensiva de seguridad del mandatario derechista, que se desarrolla bajo un estado de excepción, ha derivado en graves violaciones que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La aspirante del partido Arena dijo este domingo a periodistas en el distrito de Antiguo Cuscatlán, cerca a San Salvador, que su plan consiste en “proteger” los “avances” en seguridad, pero que estos estarán al servicio de un “mayor progreso” colectivo y no solo para “un sector”.
“Venimos a ratificar nuestro compromiso (...) para poder presentar una alternativa diferente a cómo pueden hacerse las cosas”, señaló de su lado desde la capital salvadoreña el postulante del FMLN, quien urgió un “diálogo nacional”.
Bukele rompió en el 2019 con tres décadas de bipartidismo (Arena y FMLN) al imponerse con 53% de los votos, gracias al respaldo de los jóvenes y los decepcionados de los dos partidos que se alternaron en el gobierno tras la guerra civil (1980-1992).
El presidente busca un tercer mandato tras impulsar una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.
Sus críticos lo acusan de autócrata al controlar todos los poderes del Estado, mientras que grupos de derechos humanos aseguran que el régimen de excepción no solo ha servido para encarcelar a unas 92.000 personas sin orden judicial, sino para silenciar a opositores.