Ginebra. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien reclama el triunfo sobre Nicolás Maduro en las elecciones del pasado 28 de julio, viaja a Argentina desde su exilio en Madrid en momentos en que las autoridades venezolanas ofrecen una recompensa de $100.000 por información que conduzca a su captura.
El líder opositor, quien se exilió en España en setiembre y ha prometido volver a su país para “tomar posesión” el 10 de enero en lugar de Maduro, llegará en las próximas horas a Buenos Aires, confirmó a la AFP una fuente de Presidencia sin proveer más detalles.
La noticia se conoce el mismo día en que las autoridades venezolanas ofrecieron una recompensa de $100.000 por información que lleve a su captura.
“Se busca. Orden de captura. Recompensa: $100.000”, dice un cartel publicado en redes sociales por la policía científica, con la foto de González Urrutia.
Fuentes judiciales confirmaron a la AFP que el cartel será desplegado en aeropuertos y retenes policiales en todo el país.
El 20 de diciembre, España le otorgó asilo político a González Urrutia, acusado por la Fiscalía venezolana de delitos como “conspiración” y “asociación para delinquir”.
El cartel publicado por el Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas (CICPC) está dirigido a “toda persona que conozca” del “paradero” del opositor.
Las autoridades electorales proclamaron a Maduro reelecto para un tercer mandato consecutivo de seis años (2025-2031), sin publicar hasta el momento detalles del escrutinio, mientras la oposición denuncia un fraude y reivindica la victoria de González Urrutia.
Protestas poselectorales dejaron 28 muertos y unos 200 heridos, además de 2.400 detenidos. Tres de los arrestados murieron en prisión y cerca de 1.400 han sido puestos en libertad condicional.
ONU pide respetar derechos
Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instaron este jueves a las autoridades venezolanas a respetar los derechos a la libertad y a manifestarse, en vísperas de que el dictador Nicolás Maduro asuma su tercer mandato tras una reelección ampliamente cuestionada.
Las autoridades venezolanas deben garantizar “los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los ciudadanos y liberar a quienes fueron detenidos arbitrariamente”, indicó el grupo de expertos de la ONU sobre Venezuela en un comunicado.
LEA MÁS: Expresidente de España se ofrece a acompañar a Edmundo González Urrutia en su regreso a Venezuela
Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia convocaron a la ciudadanía a manifestarse en enero, coincidiendo con la toma de posesión de Maduro, programada para el 10 de ese mes.
Machado sostiene que la reelección de Maduro fue un fraude y asegura que González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“Hacemos un firme llamado a las autoridades para garantizar que los derechos a la manifestación y la libre expresión puedan ejercerse sin temor a represalias”, señaló Marta Valiñas, presidenta del grupo de expertos, en el comunicado.
Valiñas recordó que “los cuerpos de seguridad encargados del orden público deben actuar conforme a los estándares internacionales más estrictos en el uso de la fuerza”. Añadió que “toda violación de los derechos humanos debe ser investigada de manera pronta, exhaustiva e imparcial, y juzgada por tribunales independientes con pleno respeto al debido proceso”.
Solo un reducido grupo de países, entre ellos Rusia, reconoció las cuestionadas elecciones de julio.
La proclamación de la victoria de Nicolás Maduro desencadenó protestas y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, que dejaron 28 muertos y cerca de 200 heridos.
LEA MÁS: María Corina Machado: ‘La historia va a ser implacable con quienes actúen del lado del mal’
Más de 2.400 personas fueron detenidas en el contexto de las protestas poselectorales, acusadas principalmente de terrorismo e incitación al odio, y trasladadas a centros de alta seguridad.
La ONU reforzó en setiembre del 2019 su monitoreo sobre Venezuela con la creación de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, establecida por el Consejo de Derechos Humanos.
En su informe más reciente, los expertos documentaron la “violenta represión” de las manifestaciones poselectorales.
“El aparato represor sigue plenamente operativo”, señaló Francisco Cox, uno de los expertos, en el comunicado del jueves.
“Entre agosto y diciembre del 2024, las autoridades detuvieron a al menos 56 activistas opositores, 10 periodistas y una defensora de derechos humanos”, afirmó. “Tanto quienes ordenan detenciones arbitrarias y torturas como quienes las ejecutan son responsables penalmente de forma individual”, agregó.