Ciudad de Panamá. Nicaragua anunció este martes su retiro de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y ordenó el cierre de sus oficinas en Managua. La decisión responde a un informe que indica un aumento del hambre en el país.
“La actitud de la FAO es inaceptable, inadmisible e irrespetuosa. En consecuencia, comunicamos el retiro de Nicaragua de esta organización y exigimos el cierre de su representación y oficinas en Nicaragua de inmediato”, señala un comunicado firmado por el canciller Valdrack Jaentschke.
El informe indica que la prevalencia de subalimentación en Nicaragua aumentó de 17,8% en 2018 a 19,6% en 2023. En América Latina y el Caribe, solo Haití (50,4%) y Honduras (20,4%) presentan cifras más altas.
El gobierno rechazó el documento por “carecer de objetividad y rigor metodológico, por contener información falsa, con tendencia injerencista y por haber sido difundido de manera malintencionada con fines políticos”.
Además, acusó a la FAO de incluir datos “que no fueron autorizados ni consultados” con las instituciones nicaragüenses ni validados por el gobierno.
Medios oficialistas informaron que la carta de protesta fue entregada a la sede de la FAO en Roma. Hasta el momento, el organismo no emitió comentarios al respecto.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo acusó a la FAO de actuar con fines políticos y publicar información falsa.
(MAYNOR VALENZUELA/AFP)
El economista nicaragüense exiliado Enrique Sáenz consideró que los resultados del informe reflejan las consecuencias del modelo económico impuesto por el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
“Casi el 30% de los nicaragüenses no gana ni para la comida. Es lógico entonces que el hambre, la desnutrición y la anemia sean crecientes”, afirmó en la red social X.
Ortega gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista y volvió al poder en 2007. Opositores y críticos lo acusan de instaurar un régimen autoritario.
Desde el 30 de enero, Ortega y Murillo consolidaron su poder como presidente y “copresidenta” mediante una reforma constitucional que les permite controlar todos los poderes del Estado y la sociedad civil.
Unas 5.600 oenegés cesaron operaciones en Nicaragua desde las protestas antigubernamentales de 2018, que según un informe de Naciones Unidas dejaron más de 300 muertos.
El exguerrillero calificó esas protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington con el apoyo de organizaciones internacionales humanitarias.
A inicios de enero, el gobierno clausuró la ONG Save the Children International.
