El gobierno sandinista de los esposos Ortega y Murillo han despojado de la nacionalidad nicaragüense a cientos de opositores y críticos expulsados del país en los últimos años.
La Asamblea Nacional señaló en la red X que durante una “sesión especial”, realizada en la localidad de Niquinohomo, aprobó “de manera unánime” una “reforma parcial” a los artículos 23 y 25 de la Constitución tras una iniciativa enviada por la pareja presidencial.
La reforma “establece que los nicaragüenses perderán su nacionalidad al adquirir otra nacionalidad”, señaló el órgano legislativo.
“Quien adquiere otra nacionalidad y jura lealtad a un Estado extranjero, rompe el vínculo jurídico y moral con Nicaragua. No puede existir doble fidelidad: la patria exige compromiso exclusivo”, argumentaron en la ley Ortega y Murillo, copresidenta por una reciente reforma constitucional.
Los cambios constitucionales también establecen que “los extranjeros que soliciten nacionalizarse deberán renunciar a su nacionalidad de origen, excepto los centroamericanos”.
El exguerrillero, que gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se encuentra en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
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Ortega y Murillo radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
