San José. La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles una ley que impone hasta cinco años de prisión para publicaciones en redes sociales que provoquen “alarma”. Esta medida fue calificada como “ley mordaza” por medios opositores en el exilio.
La ley castiga con cárcel y multas a quienes, dentro o fuera del país, difundan publicaciones en redes sociales que generen “alarma, temor o pánico” entre la población, según informó el parlamento, controlado por el gobierno de Ortega.
La nueva norma reforma la ley de ciberdelitos de 2020, que permitió la acusación y el arresto de opositores y periodistas en Nicaragua por “propagación de noticias falsas”, y aumenta las penas para los imputados.
La oposición denuncia que la ley legaliza la censura en redes sociales.
El parlamento aseguró en un comunicado que la ley “fortalece la prevención, investigación y judicialización de delitos cometidos por personas o entidades, dentro o fuera del país, a través de sistemas informáticos, tecnologías y redes sociales”.
Las sanciones también aplicarán a los autores “intelectuales, cooperadores necesarios, cómplices o cualquier otra persona que facilite la comisión de estos delitos”, sean o no nicaragüenses, añade el comunicado.
Esta norma complementa una reforma reciente al código penal, que impone penas de hasta 30 años de prisión y la confiscación de bienes por “delitos contra el Estado” nicaragüense, cometidos por cualquier persona, sin importar su ubicación.
El gobierno de Ortega endureció la represión tras las protestas de 2018, mediante cambios legislativos. Desde entonces, ordenó el cierre de unas 5.500 oenegés y confiscó sus bienes.
Las protestas de 2018 causaron más de 300 muertos en solo tres meses, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, miles de nicaragüenses han partido al exilio, mientras que cientos fueron expulsados y sus bienes confiscados.
La ley entrará en vigor una vez sea publicada en el diario oficial La Gaceta.
