Bukele emitió la noche del domingo un discurso en sesión solemne en el Teatro Nacional por el primer año de su segundo mandato, marcado por su alianza con Donald Trump en la política de deportación de migrantes y la ofensiva contra grupos humanitarios.
El presidente acusó a las organizaciones en el país de defender pandilleros y de activismo político, y fustigó a organismos internacionales y a la prensa por sumarse a lo que llamó un “ataque organizado” contra su gobierno.
“¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”, expresó, al recordar que es criticado por su política de seguridad de mano dura.
Bukele, de 43 años, gobierna con poder casi absoluto tras ser reelegido con 85% de apoyo popular por su guerra antipandillas, que redujo a mínimos históricos la violencia en el país con un régimen de excepción que permite detenciones masivas sin orden judicial.
Su gobierno enfrenta fuertes críticas por el arresto el 18 de mayo de Ruth López, abogada de una ONG que indagaba supuestos casos de corrupción estatal, asistía a víctimas del régimen de excepción y familias de 252 venezolanos deportados por Washington y presos en El Salvador.
“Dicen que encarcelamos defensores de derechos humanos, disidentes, opositores al régimen (...). No se pueden tocar. Cualquier opositor corrupto que se lleva a la cárcel es un perseguido político. Trabajar en una ONG ahora es sinónimo de impunidad”, ironizó.
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Defensores de ‘asesinos’
La Fiscalía acusó a López de haber cometido peculado cuando fue asesora en el tribunal electoral hace una década, pero organizaciones locales e internacionales -como Amnistía o Human Rights Watch- denuncian una estrategia para acallar las voces críticas y frenar la defensa de derechos humanos.
En mayo también fueron arrestados dos activistas que apoyaron una protesta de campesinos y en febrero el dirigente de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios, Fidel Zavala, acusado de vínculos con pandillas.
Según las organizaciones, Bukele usa contra sus críticos o adversarios el régimen de excepción que impuso hace tres años y por el cual 86.000 personas acusadas de pandilleros o cómplices han sido detenidas.
Las organizaciones, férreas críticas del estado de excepción, aseguran que unas 400 personas han muerto en prisión y que hay miles de inocentes detenidos.
“Los supuestos defensores de la democracia (...) lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes”, aseguró Bukele.
Según el gobernante, hubo unos “200.000 salvadoreños asesinados por las pandillas” en más de 30 años que sembraron el terror en el país.
En su discurso, también defendió la Ley de Agentes Extranjeros, similar a la de Rusia y Nicaragua, que obliga a las oenegés a inscribirse en un registro y pagar un impuesto del 30% de los fondos que reciban.
Deportados ‘delincuentes’
Socio clave de Trump en su política antiinmigrantes, Bukele recibió en marzo y encarceló en su megacárcel para pandilleros a 252 venezolanos y 36 salvadoreños que Estados Unidos deportó al acusarlos, sin pruebas, de criminales.
En el Teatro Nacional, Bukele criticó a congresistas demócratas que han viajado a El Salvador para pedir ver a los detenidos, particularmente al salvadoreño Kilmar Ábrego, deportado “por error” pese a que tenía una protección legal.
“Congresistas extranjeros vienen a tocar las puertas de las cárceles a exigir que liberemos delincuentes. ¿Con qué derecho se sienten? Siempre son los autoproclamados defensores de la democracia los que no creen en nuestra democracia”, dijo Bukele.
Publicista amante de los golpes de efecto, desplegó todo un aparato de producción para grabar y difundir por redes sociales el ingreso de los deportados, con el cabello rapado y encadenados, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Señalado por sus críticos de autócrata, la reelección de Bukele es cuestionada porque, pese a estar prohibida constitucionalmente, fue permitida por un fallo de jueces afines.
“En este primer año del segundo mandato inconstitucional hay una escalada autoritaria. Es la consolidación de la dictadura”, declaró Ingrid Escobar, directora del grupo Socorro Jurídico Humanitario.
