La Paz, Bolivia. Fiscales arrestados, dinero escondido en una ambulancia y acusaciones de narcotráfico y corrupción desde Estados Unidos: una tormenta sacude a la justicia de Bolivia tras la detención del fiscal general Roger Mariaca.
En prisión preventiva por seis meses en una cárcel de Potosí, en el sur del país, el exfuncionario de 38 años es investigado por la justicia boliviana por lavado de activos, tráfico de drogas y criminalidad organizada.
Fue capturado por la policía la semana pasada en Santa Cruz (este) en un operativo en el que resultaron detenidas otras 13 personas, incluidos tres fiscales.
Días antes, Estados Unidos había cancelado la visa de Mariaca y de otros altos funcionarios y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a quienes acusa de corrupción o vínculos con el narco.
A continuación, cuatro puntos clave para entender qué se juega en Bolivia.
“Casos polémicos”
Mariaca fue nombrado a la cabeza del Ministerio Público en 2024 por el Congreso controlado en ese momento por el oficialista Movimiento al Socialismo que llevó al poder a los izquierdistas Evo Morales (2006-2019) y el entonces mandatario Luis Arce (2020-2025). Morales es hoy el principal opositor del presidente centroderechista Rodrigo Paz.
Antes, Mariaca era jefe de fiscales en Santa Cruz, el departamento más golpeado por el narcotráfico. “Su figura siempre ha sido controvertida” por “casos polémicos” bajo su supervisión, dice a la AFP la socióloga boliviana Luciana Jáuregui.
Uno de ellos fue la investigación contra el narco uruguayo Sebastián Marset, uno de los más buscados del cono sur.
Desde agosto de 2025, como fiscal general, el accionar de Mariaca tomó un “carácter político”, según Jáuregui, que menciona el caso del consultor argentino Fernando Cerimedo, asesor personal del presidente Paz, detenido por intento de feminicidio y presunta corrupción que salpica al gobierno y a la familia presidencial.
Mariaca denunció a la prensa que la cancelación de su visa por parte de Estados Unidos fue una “presión” por la investigación contra Cerimedo.
Vínculo narco
Washington sostiene que como fiscal recibió “sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia”, acusación que él niega.
El gobierno boliviano denuncia que bajo su mandato la Fiscalía se convirtió en una “organización criminal”.
En la noche de su detención, una ambulancia fue interceptada cuando salía de su residencia con 300.000 dólares escondidos, según las autoridades.
Cuando llevaba el caso Marset en 2023, el narco uruguayo eludió un megaoperativo para ser capturado.
El actual ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, denunció que entonces las autoridades fiscales “lo dejaron salir” y “le devolvieron sus bienes incautados”.
Marset fue finalmente capturado en Bolivia en marzo y expulsado a Estados Unidos. Medios locales difundieron un video de su detención, que la AFP no ha podido verificar, en el que supuestamente dice a policías: “Mariaca es mi amigo”.
- Colaboración de EEUU -
El gobierno asegura que el operativo contra Mariaca y los otros detenidos fue realizado por la policía boliviana con cooperación de inteligencia de Estados Unidos.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, dijo que su país “respalda firmemente” a Paz.
Lo mismo hicieron los 15 países miembros del Escudo de las Américas, la alianza de gobiernos de derecha contra el crimen transnacional en la región liderada por la administración de Donald Trump.
“De alguna forma, la presión externa está siendo un punto” de apoyo para Paz “frente a su debilidad interna”, dice Jáuregui.
El mandatario ganó la elección con una coalición de fuerzas que después se deshizo, mientras que en las calles fuertes protestas han puesto a su gobierno contra las cuerdas.
En el poder desde noviembre, Paz padece un “desgaste” debido a sus recientes medidas económicas impopulares, dijo a la AFP la politóloga Adriana Rodríguez.
- “Pugna de poder” -
Después de la captura de Mariaca, la Fiscalía nombró a Luis Montaño como nuevo jefe, pero el gobierno de Paz lo denunció por obstruir el caso y lo desconoció.
La madrugada del sábado, tras una larga sesión, el Congreso designó a José Armando Urioste como fiscal general interino, tras aprobar una reforma para destituir a Mariaca y reemplazarlo.
Una senadora de la oposición cuestionó la presencia de funcionarios de las embajadas de Estados Unidos, Argentina y Perú, a los que grabó.
Según Adriana Rodríguez, la Fiscalía es escenario de una “pugna de poder político” mientras se elige a su titular definitivo.
Para la socióloga Jáuregui, el gobierno de Paz “está buscando (...) construir una nueva legitimidad a partir de la lucha contra la corrupción y el narcotráfico”.