La disposición deroga una prohibición al respecto que regía desde 1995, cuando se restringió al ámbito militar la compra y uso de ese tipo de armamento.
El decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de ministros, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Es la última de una serie de medidas que flexibilizan la tenencia de armas en Argentina, donde según datos oficiales citados por el Centro de Estudios Legales y Sociales “en el año 2022 uno de cada dos homicidios dolosos (...) fue producido con un arma de fuego”.
En mayo se simplificó por decreto el otorgamiento de permisos con la llamada “tenencia express”, un trámite destinado a “facilitar y agilizar la obtención de armas de fuego”, según había anunciado el gobierno.
El trámite pasó a ser exclusivamente en formato digital a través de la plataforma de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), tanto para civiles como para miembros de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policías que compren armamento en armerías comerciales. Los civiles deben probar “usos deportivos”.
A finales de 2024, otro decreto de Milei bajó la edad mínima de portación legítima de armas de fuego de 21 años a 18.
“A los 16 años tienen derecho a votar. A los 18 pueden ir a la guerra, formar una familia o ser miembros de una fuerza de seguridad. Y, aunque parezca increíble, a cualquier edad pueden elegir un cambio de sexo que los marcará de por vida. Entonces, ¿por qué a los 18 años no podrían ser legítimos usuarios o portadores de un arma?”, se había preguntado entonces la ministra Bullrich.
La ministra es una defensora de la libre portación de armas, en tanto el presidente Milei, aunque se manifestó a favor cuando era diputado antes de llegar a la presidencia, luego dijo que una reforma en ese sentido no formaba parte de su plataforma.
En Argentina, con 45 millones de habitantes, cerca de un millón -la mayoría hombres- tienen credenciales de usuario de armas de fuego, aunque más del 65% están vencidas, según una investigación de Chequeado en mayo en base a pedidos de acceso a la información.
