Esta política es aplicable a los migrantes que llegaron durante las últimas décadas, muchos de ellos latinoamericanos que huyeron de la violencia, de la pobreza o de las catástrofes naturales.
Hasta ahora los migrantes en situación irregular podían pedir una audiencia de fianza ante un juez de inmigración pero en adelante estarán prohibidas salvo excepciones, informa el Washington Post.
Un memorando fechado el 8 de julio del director interino del Servicio de inmigración y control de aduanas (ICE), Todd Lyons, ordena que los migrantes permanezcan detenidos durante todo el proceso de deportación, añade.
Esta decisión tiene un coste muy elevado pero recientemente el Congreso decidió asignar 45.000 millones de dólares a ICE durante cuatro años para aumentar la capacidad de detención.
Según la Constitución estadounidense, la prisión preventiva no debe ser la primera opción porque cualquier persona tiene derecho a la presunción de inocencia, salvo si constituye un peligro para la seguridad o bien existe un riesgo de fuga.
Pero parte de los republicanos aboga desde hace un tiempo por denegar automáticamente la libertad bajo fianza. Lo consideran una medida adecuada para disuadir la migración ilegal.
Organizaciones de defensa de los derechos básicos como La unión estadounidense de libertades civiles (ACLU) defienden que los migrantes puedan presentar pruebas y exponer argumentos delante de un juez de inmigración para ser liberados mientras la justicia resuelve sus casos.
Donald Trump hizo campaña para la Casa Blanca con la promesa de deportar a millones de migrantes en situación irregular.
Desde que regresó al poder en enero, el presidente republicano selló prácticamente la frontera con México, anunció el envío de al menos 1.500 militares a la zona y aplicó una política migratoria de mano dura.
Una encuesta publicada el pasado viernes por Gallup muestra más benevolencia hacia los migrantes que hace un año.
La proporción de estadounidenses que quiere reducir la inmigración ha bajado del 55% en 2024 al 30% actual y un récord del 79% de adultos la considera positiva para el país, según este sondeo realizado del 2 al 26 de junio entre 1.402 personas.
