Washington, Estados Unidos. La Corte Suprema de Estados Unidos desestimó este jueves una demanda por $10.000 millones del gobierno mexicano que acusa a fabricantes estadounidenses de armas de haber contribuido a la violencia de los cárteles de la droga en su territorio.
En un fallo unánime, el máximo tribunal declaró que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA) exime de responsabilidad a los fabricantes de armas por el uso indebido de sus productos.
El caso se remonta a 2021. México, bajo creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump para frenar el narcotráfico, acusa a los fabricantes de armamento de ser cómplices de la venta ilegal de armas. En su opinión están al corriente de que algunos de sus productos se venden ilegalmente a los cárteles de la droga.
Y es que a pesar de que el país latinoamericano controla la venta de armas de fuego hasta el punto de que es prácticamente imposible obtenerlas legalmente, entre el 70% y el 90% de las recuperadas en escenas de crímenes proceden de Estados Unidos.
Según datos oficiales, la violencia vinculada al narcotráfico ha causado la muerte de más de 480.000 personas en México desde que el gobierno desplegó al ejército para combatirlo en 2006.
Un juez federal desestimó el caso en 2022 por considerar que la PLCAA, aprobada por el Congreso en 2005, protege a los fabricantes de armas, pero un tribunal de apelaciones lo resucitó alegando que existe una excepción a la ley.
El fabricante de armas Smith & Wesson y la distribuidora de armas Interstate Arms solicitaron amparo a la Corte Suprema, de mayoría conservadora, que les dio la razón.
“La demanda de México no alega de forma plausible que los fabricantes demandados hayan ayudado e instigado la venta ilegal de armas de fuego por parte de los traficantes de armas a traficantes mexicanos”, afirma la magistrada Elena Kagan.
México expresa desacuerdo
Durante los alegatos, Catherine Stetson, representante del gobierno mexicano, dijo a la Corte Suprema que 600.000 armas estadounidenses son traficadas ilegalmente a México cada año y que algunas empresas están incluso “diseñando ciertas armas” para “el mercado mexicano”, con nombres en español como “El Jefe”.
El gobierno mexicano tiene otro frente abierto, con una segunda demanda en un tribunal de Arizona, estado que junto a Texas supone una de las principales vías del contrabando de armas a México. Acusa a cinco empresas de negligencia, alteración del orden público y enriquecimiento ilícito.
La cancillería “expresa con firmeza su desacuerdo con la decisión emitida por la Suprema Corte de Estados Unidos y continuará haciendo lo que esté a su alcance para frenar el tráfico ilícito de armas, agotando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles”, detalló un comunicado.
Según el gobierno mexicano, este fallo, que exime de toda responsabilidad a las armerías, no implica el fin de la querella, sino que la regresa a una corte de distrito.