San Salvador, El Salvador. Una polémica ley impulsada por el presidente Nayib Bukele entró en vigor este sábado en El Salvador, generando preocupación entre organizaciones no gubernamentales (oenegés) y defensores de derechos humanos, que denuncian una institucionalización de la persecución contra la sociedad civil.
La normativa, aprobada el 20 de mayo por la Asamblea Legislativa —de mayoría oficialista—, impone un impuesto del 30% a las donaciones recibidas por organizaciones que sean clasificadas como “agentes extranjeros”.
Además, obliga a sus miembros a inscribirse en un Registro de Agentes Extranjeros, administrado por el Ministerio de Gobernación, en un plazo de 90 días.
El gobierno justifica la ley como una medida de control fiscal.
“Quienes vengan a velar por intereses políticos, al menos paguen sus obligaciones tributarias, como todos los demás”, dijo Bukele en un reciente discurso.
Sin embargo, organismos nacionales e internacionales denuncian que la legislación busca acallar las voces críticas.
Alejandro Díaz, de la ONG Tutela Legal, calificó la norma como “una ley mordaza bastante discrecional” que estigmatiza el trabajo en derechos humanos y pone en riesgo los proyectos sociales que benefician a las poblaciones más vulnerables.
La Fundación para el Debido Proceso, con sede en Washington, aseguró que la ley “es un ataque frontal al trabajo de las organizaciones sin fines de lucro”, inspirada en marcos legales restrictivos ya vigentes en países como Rusia, Venezuela, Nicaragua y Hungría.
Por su parte, Amnistía Internacional advirtió que la normativa “impone restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de asociación y de expresión”.
Según Ana Piquer, directora para las Américas de esa organización, lejos de promover la transparencia, la ley “pretende institucionalizar la persecución contra organizaciones independientes”.
Además del impuesto, la ley contempla sanciones que pueden alcanzar hasta los $250.000 para quienes incumplan con los requisitos o no entreguen la información solicitada a tiempo.
Con la entrada en vigencia de esta ley, se profundiza la preocupación sobre el cierre de espacios democráticos en El Salvador y el impacto que podría tener en la cooperación internacional y el trabajo de asistencia social en el país.