La Corte Suprema de Estados Unidos autorizó este viernes al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
La decisión del máximo tribunal, de mayoría conservadora, es temporal hasta que una corte de apelación se pronuncie sobre el fondo del caso.
En marzo el gobierno intentó revocar el estatus legal de estos migrantes llegados a Estados Unidos bajo un programa lanzado por el expresidente demócrata Joe Biden y llamado también CHNV, por las iniciales de los países.
En octubre de 2022, el gobierno del demócrata otorgó un permiso para que un cupo de venezolanos pudiera entrar legalmente y en 2023 amplió la medida a Haití, Cuba y Nicaragua.
El gobierno de Trump solicitó a la Corte Suprema levantar una orden de una jueza de Boston, Indira Talwani, que impidió en abril revocar el estatus legal de los migrantes de estos cuatro países. El máximo tribunal concedió al gobierno esta solicitud.
En Calle Ocho, en el barrio Little Havana de Miami, Johnny Cardona, de 63 años, está triste.
“Yo pensaba que este gobierno iba a echar a poca gente, pero se le ha ido la mano”, declaró a la AFP.
A pocos kilómetros de allí, frente a Versailles, el restaurante cubano más famoso de Miami, Pedro González, de 78 años, también lamenta la decisión de la Corte Suprema.
“Hay que deportar a los delincuentes. Pero hay mucha gente que viene a trabajar sin descanso, y esos tienen derecho a estar aquí”, estimó.
“Consecuencias devastadoras”
Las juezas progresistas de la Corte Suprema Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron del fallo. Advierten de las “consecuencias devastadoras” de poner en peligro “las vidas y los medios de subsistencia de casi medio millón de extranjeros mientras sus reclamaciones legales están pendientes”, según el documento.
Los migrantes “se enfrentan ahora a dos opciones insoportables. Por un lado, podrían optar por abandonar Estados Unidos y, de ese modo, enfrentarse a peligros en sus países de origen”, sufrir una “separación familiar” y, posiblemente, perder cualquier posibilidad de recurso, escribieron.
“Por otro lado, podrían permanecer en Estados Unidos (...) y arriesgarse a una expulsión inminente a manos de agentes del gobierno, con las graves consecuencias que ello conlleva”, insisten las magistradas.
En su fallo la jueza de Boston afirmó que el gobierno hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
En un comunicado el Departamento de Seguridad Interior (DHS) advirtió que el fallo le permite “empezar de nuevo a expulsar a extranjeros ilegales”.
Trump se enfrenta a los jueces que bloquean su política migratoria y, aunque la ha criticado, ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema para llevarla adelante.
Otros casos
Hace unos días el máximo tribunal dio luz verde a la administración para cancelar el Estatus de protección temporal (TPS) de unos 350.000 venezolanos que los protegía de ser expulsados. Esta vez también suspendía un fallo de un tribunal inferior el tiempo que el caso se siga litigando.
Trump hizo campaña prometiendo deportar a millones de migrantes en situación irregular y puso toda la maquinaria de la administración al servicio de este objetivo.
La Corte Suprema intervino en abril para bloquear las deportaciones sumarias de migrantes venezolanos a una prisión de El Salvador invocando la Ley de enemigos extranjeros de 1798.
Trump los acusa de ser miembros de la banda Tren de Aragua, declarada organización “terrorista” global por Washington.
La administración recurrió de nuevo al máximo tribunal para poder deportar a otro grupo recluido en Texas (sur) y en mayo los magistrados bloquearon sus planes porque estiman que no se les da suficiente tiempo para impugnar su expulsión.
Pero la administración no se da por vencida y ha vuelto a recurrir a la corte, esta vez para que facilite la expulsión de migrantes a Sudán del Sur o a países de donde no son originarios.
El gobierno estadounidense asegura que envió a Sudán del Sur, un país en guerra y objeto de una advertencia de viaje del Departamento de Estado, a ocho migrantes condenados por delitos violentos, ya que sus países de origen se negaron a acogerlos. Entre ellos figuran dos cubanos y un mexicano.