Nueve meses después de la intervención por fuerzas militares estadounidenses, la situación no ha cambiado sustancialmente. Persisten graves denuncias sobre tratos inhumanos en los centros de reclusión, principalmente en la cárcel El Rodeo I, en la ciudad de Guatire, en el Estado Miranda.
El expediente, presentado el 8 de octubre ante un tribunal federal de Nueva York, amplió los cargos que Maduro y Flores enfrentaban en Estados Unidos por presunto narcotráfico. Los fiscales los acusan de participar en un esquema que empleó la tortura como mecanismo de represión desde 2013.
La acusación atribuye a Maduro la supervisión de un sistema en el que las víctimas fueron golpeadas, asfixiadas y sometidas a descargas eléctricas, y también afirma que el exlíder chavista recomendaba métodos de tortura, solicitaba información actualizada sobre el trato que recibían los detenidos y amenazaba con matar al hijo de un preso como forma de violencia psicológica. A Flores se le atribuye haber contribuido al desarrollo de esa estructura y de ordenar la tortura de personas específicas.
La acusación menciona a tres co-conspiradores identificados como CC-1, CC-2 y CC-3. Si bien sus nombres no están revelados en el documento judicial, investigaciones periodísticas asocian esas referencias con Diosdado Cabello, actual ministro de Interior y Justicia de Venezuela; Iván Hernández Dala, exdirector de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela y exjefe de la Guardia de Honor Presidencial, y Alexander Granko Arteaga, director de la Dirección de Asuntos Especiales de la DGCIM.
Esas identidades no han sido confirmadas por la Fiscalía estadounidense.
Diego Casanova, vocero del Comité para la Liberación de los Presos Políticos, asegura a El Nacional que la acusación ratifica las denuncias que han hecho durante años sobre la persecución y el encarcelamiento de opositores por parte del entonces régimen de Maduro, así como los maltratos a los que eran sometidos los presos políticos una vez ingresaban en centros de reclusión como El Helicoide en Caracas.
Casanova considera que las autoridades estadounidenses comprenden lo que ocurre en Venezuela y la realidad que han enfrentado los venezolanos durante años. Sin embargo, nueve meses después de la incursión militar estadounidense en Caracas que sacó a Maduro del poder, reconoce que esperaba que la situación de los presos políticos ya estuviera resuelta.
Condiciones de reclusión precarias
El vocero del Comité para la Liberación de los Presos Políticos subraya que persisten las condiciones inhumanas de reclusión y que los procesados son sometidos a vejaciones y maltratos. Recuerda que incluso después de los terremotos del 24 de junio, que causaron la muerte de miles de personas en el país y graves daños estructurales, los custodios torturaron a los presos políticos en El Rodeo I porque no querían regresar a sus celdas debido a la emergencia.
También denuncia que en ese centro de reclusión, ubicado en el estado Miranda, conviven en celdas de 2x2 metros y duermen en literas de concreto, en colchones de apenas dos centímetros de grosor y sin almohadas. Tienen cerca una letrina que desprende malos olores por la falta de agua corriente continua.
Señala asimismo que los detenidos enfrentan restricciones para hidratarse y reciben alimentación escasa, poco balanceada y basada principalmente en carbohidratos, lo que ha contribuido a que muchos presenten cuadros de desnutrición. Advierte también sobre las dificultades para acceder a medicamentos y recibir atención médica, incluso en casos de presos que necesitan operaciones o padecen dolores derivados de las torturas.
