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Bogotá, Colombia. El gobierno de Colombia retiró de algunas redes sociales los videos que muestran al presidente Abelardo de la Espriella caminando entre cadáveres de supuestos criminales abatidos por la fuerza pública, tras un fallo judicial.
El martes, una jueza ordenó ocultar temporalmente los videos de cadáveres en bolsas blancas publicados el 2 y 4 de septiembre, de la cuenta de Presidencia (@infopresidencia) en Instagram y de todas las redes del grupo Meta.
La medida estará vigente hasta que la jueza emita una sentencia sobre si el contenido es violento y debe ser retirado permanentemente o no.
Con poco más de un mes en el cargo, el derechista De la Espriella lleva adelante una ofensiva a muerte contra el crimen organizado con el apoyo de Estados Unidos, su principal socio militar.
El excéntrico abogado multimillonario acostumbra a mostrar los resultados de sus operativos en videos que siempre cierra al grito de “¡Viva Cristo Rey!”, con música de guerra de fondo.
En un mes ordenó tres bombardeos contra campamentos guerrilleros en la Amazonía y en la frontera con Venezuela, con un saldo de al menos 42 muertos, seis de ellos menores de edad.
Tras el mayor bombardeo contra supuestos guerrilleros desde 2015, caminó entre los cadáveres en bolsas blancas junto a la cúpula militar colombiana y amenazó a los rebeldes: “Los acabaremos”.
La publicación del contenido gráfico le costó críticas de la oposición.
En un comunicado en X, la autoridad forense nacional rechazó la exposición de cuerpos en bolsas, por constituir una “vulneración a la dignidad humana”.
A pesar de la retirada del contenido en las plataformas de Meta, los videos siguen en las cuentas presidenciales de X. El mandatario tiene uno de ellos fijado en su perfil personal.
Se puede informar sobre los operativos “sin profundizar las violencias y la crueldad” en Colombia, dijo a la AFP Santiago Osorio, el congresista que interpuso el recurso judicial contra el gobierno.
Este es el segundo revés judicial para De la Espriella y su política de mano de hierro, después de que un juez prohibiera temporalmente los bombardeos a campamentos guerrilleros con indicios de presencia de menores reclutados en una región amazónica.
