En 2019, durante el primer mandato de Trump, se acusó a Ábrego García de ser pandillero, pero no fue condenado por ningún delito y un juez prohibió que fuera deportado porque corre peligro en su país de origen.
La Casa Blanca reconoció este semana que su expulsión fue un “error administrativo” pero advirtió que el migrante “no regresará” y lo acusó de ser miembro de la pandilla MS-13, declarada por Washington organización terrorista global.
En una vista judicial de emergencia, la magistrada Paula Xinis ordena sin embargo a la administración “facilitar y llevar a cabo el retorno” del salvadoreño “a más tardar el lunes 7 de abril” antes de la medianoche.
Estima que Ábrego García tiene derecho a un “debido proceso de conformidad con la Constitución y los estatutos de inmigración que rigen” en Estados Unidos.
En opinión de la jueza “su permanencia en El Salvador, por razones obvias, constituye un daño irreparable”.
El migrante está recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel visitada la semana pasada por la secretaria de Seguridad Interior estadounidense, Kristi Noem.
