Buenos Aires. El gobierno argentino de Javier Milei anunció este viernes que tratará de eliminar la figura de “femicidio” de la ley penal, la cual agrava la pena de los homicidios a mujeres por motivos de género.
“Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal argentino, porque esta administración defiende la igualdad ante la ley consagrada en nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”, dijo el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en su cuenta de la red X.
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Milei consideró que la figura de femicidio legaliza, “de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”, el jueves en un encendido discurso brindado en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).
El femicidio es la muerte violenta de una mujer a manos de un hombre por motivos de género y está arraigado en un “sistema social que (...) preserva los órdenes sociales de poder, control y opresión de varones a mujeres”, explica en su sitio web el Ministerio Público Fiscal argentino.
La figura se implementó, aunque no de forma explícita, en el 2012 a través de una ley que modificó el artículo 80 del Código Penal argentino para criminalizar de modo agravado la conducta de un hombre que da muerte a una mujer mediando la violencia de género.
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“El hecho de matar a una mujer no te introduce directamente en el femicidio, sino que la tenés que haber matado en su condición de mujer: la mataste porque es mujer”, explicó a la AFP el abogado penalista, Gastón Francone.
“Ese agravamiento, que tiene de pena perpetua, es diferente a matar a un hombre por su condición de hombre”, dijo Francone, quien señaló que la pena máxima para un homicidio sin agravantes es de 25 años, pero la prisión perpetua recibida por un femicidio puede llegar a 50 años.
Para poder modificar el Código Penal argentino, se requiere la aprobación de una ley por parte del Congreso, donde el oficialismo está en minoría frente a una robusta oposición de centroizquierda, bajo cuyo gobierno se introdujo la figura del femicidio.
Según la prensa local, el gobierno prepararía un proyecto de ley para este tema y para eliminar los documentos de identidad no binarios, sancionados en 2021, y los “cupos trans”, que establecen que el Estado nacional debe reservar al menos el 1% de sus puestos de trabajo para personas transgénero.
Pero desde el gobierno no hay gran optimismo sobre el avance del proyecto, según recopilan medios locales.