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Militares colombianos vigilan el río Mira en el municipio de Tumaco, en el departamento colombiano de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, el 15 de abril del 2018. Foto: Agencia AFP (RAUL ARBOLEDA)
Bogotá. Siete militares admitieron este jueves ante un juez haber violado a una niña indígena de 13 años mientras patrullaban el territorio de la comunidad embera chamí, en el oeste de Colombia, según la Fiscalía.
El organismo “imputó cargos a siete soldados” por el delito de acceso carnal abusivo agravado, seis de ellos como responsables directos y uno en condición de cómplice, dijo en conferencia de prensa el fiscal general, Francisco Barbosa.
"Esas personas aceptaron cargos en la audiencia y reconocieron la tropelía de sus actos", agregó.
Los uniformados fueron recluidos en una guarnición militar a la espera del juicio que definirá su condena.
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La menor fue agredida el domingo en el municipio de Puerto Rico, Risaralda. El gobernador indígena del resguardo (jurisdicción) embera Gito do Kabu, Juan de Dios Queragama, dio a conocer el hecho que produjo una dura condena social.
La niña “estaba solita, recogiendo guayaba” cerca de un campamento militar cuando los soldados “la cogieron y la retuvieron toda la noche”, contó Queragama tras hacer pública la denuncia en un comunicado.
La víctima quedó bajo protección de la autoridad de protección familiar.
El gobierno y el alto mando militar condenaron al ataque que se dio a conocer precisamente una semana después de que el Congreso aprobara una reforma constitucional que incorpora la prisión perpetua a violadores y asesinos de niños y adolescentes de menos 14 años.
Si bien no ha promulgado la norma, el presidente Iván Duque se mostró partidario de aplicar la cadena perpetua en este caso que mina la imagen de las fuerzas militares, que a lo largo del conflicto armado ha enfrentado escándalos por violaciones de derechos humanos por algunos de sus miembros.
No obstante, los soldados serían juzgados bajo la legislación previa a la reforma que prevé hasta 30 años de cárcel para este tipo de delito, según la Fiscalía.
Sin una ley en vigor que reglamente el cambio constitucional, "no puede imponerse cadena perpetua y, una vez aprobada, no puede ser retroactiva", señaló el jurista Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad.
Según datos de la autoridad forense en Colombia, en el 2019 más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.
