Con 75 votos a favor y ninguno en contra, el Senado, con el respaldo del gobierno de Iván Duque, dio luz verde al cambio del artículo 34 del texto constitucional que prohibía "las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación".
"De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o esté en incapacidad de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua", señala la reforma aprobada.
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La iniciativa ya había sido aceptada por la Cámara Baja y deberá ser promulgada por Duque en los próximos días.
Hasta ahora la pena máxima en Colombia era de 60 años de cárcel.
La decisión del Parlamento salda un debate de más de una década en este país de fuerte tradición conservadora.
En el poder desde agosto del 2018, Duque asumió esa causa como bandera de campaña e impulsó su discusión en el Congreso.
"Hoy Colombia tiene un gran motivo de felicidad. Hoy el Congreso de la república ha sacado adelante esa gran reforma que esperaban tantas familias, que esperábamos todos nosotros", dijo el mandatario en un programa habitual de televisión.
En Colombia casi dos menores de edad son asesinados al día. Según la autoridad forense, en el 2019, más de 22.000 menores de 18 años fueron víctimas de delitos sexuales y 708 de homicidio.
Impunidad
La votación en el Congreso fue unánime, aunque más de 30 senadores se ausentaron de la sesión.
Durante extensos debates, los defensores del proyecto argumentaron que los agresores de menores tienden a recaer en la comisión del delito y la cadena perpetua es una forma de disuadirlos. Además, dijeron que las agresiones contra niños han aumentado en los últimos años y las penas vigentes, aunque eran altas, no siempre se pagaban en su totalidad.
El presidente Duque destacó que confía en que los delitos contra menores sean siempre "imprescriptibles para que en cualquier momento, quien haya cometido ese delito, tenga esa sanción ejemplarizante".
Por su parte, los detractores, entre los que están congresistas de la oposición, académicos y expertos aseguraron que un incremento punitivo no es eficaz en la reducción de los delitos.
El senador de izquierda, Iván Cepeda, describió la decisión como "lamentable" e "inconstitucional".
“El problema radica en que en Colombia hay un 95% de impunidad de esos hechos. El problema no es qué tan extensas sean las penas, el problema es que no hay investigación, no hay una acción de la justicia penal seria”, lamentó el congresista opositor.
