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México. El personal a cargo de un centro de detención donde murieron 39 migrantes durante un incendio en la mexicana Ciudad Juárez no hizo nada para evacuarlos, aseguró este miércoles la Fiscalía General, que investiga a ocho personas por presunto homicidio.
El incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se desató la noche del pasado lunes luego de que migrantes prendieron fuego a colchones en protesta por su posible deportación, según las autoridades.
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Varios habían sido detenidos en las calles de Ciudad Juárez (fronteriza con Estados Unidos), donde pedían dinero, vendían artículos o limpiaban autos.
“Ninguno de los servidores públicos ni de los policías de seguridad privada realizaron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro ya con el fuego”, dijo en rueda de prensa Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos.
Ocho personas fueron identificadas como presuntas responsables de esa omisión: dos agentes federales, un agente estatal del INM, y cinco miembros de una empresa de seguridad privada, señaló en la misma conferencia la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez.
Es criminal. Así dejaron encerrados a los migrantes en la Estación de Ciudad Juárez, Chihuahua. pic.twitter.com/MwwMGi1cTl
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 28, 2023
Además, un migrante “es señalado por las mismas personas” con quienes estaba detenido por iniciar el fuego, detalló la fiscal.
Este miércoles se pedía a los jueces cuatro órdenes de captura, añadió la fiscal, e indicó que se investiga el hecho como “homicidio”. Los sospechosos “ya están rindiendo sus declaraciones”, dijo.
En tanto, la secretaria de Seguridad ajustó de 38 a 39 el número de fallecidos. También reportó 27 lesionados, de los cuales seis están “sumamente graves”, diez en estado “grave” y nueve “delicados”.
Angustia
Las autoridades seguían sin precisar las nacionalidades de las víctimas, avivando la angustia de sus familiares y amigos en Ciudad Juárez.
“Es lo que queremos saber, si estaban allá adentro o no”, declaró a esta agencia el venezolano Gilbert Zabaleta, quien busca a sus amigos Daniel y Óscar.
En medio de la desesperación y de rumores acerca de que Estados Unidos estaba dispuesto a recibirlos por razones humanitarias, unos mil migrantes se entregaron a la Patrulla Fronteriza en El Paso (Texas).
El jefe local de esa fuerza, Anthony Good, dio a entender que serán expulsados. “Las fronteras no están abiertas y la gente no debería hacer el peligroso viaje”, advirtió la Patrulla Fronteriza en Twitter.
En la estación incendiada se hallaban ciudadanos de Guatemala, Venezuela, El Salvador, Honduras, Ecuador y Colombia, aunque el gobierno ecuatoriano aclaró que no había nacionales suyos.
A la investigación fue incorporado un video de vigilancia, informó la fiscal. La grabación muestra cuando inician las llamas, sin que aparentemente los encargados abrieran lo que parece ser la celda donde estaban los detenidos.
Esas imágenes centran la discusión sobre la posible responsabilidad del gobierno.
“No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad”, garantizó este miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.
No habrá “impunidad”
El mandatario izquierdista intenta desmarcarse de actuaciones de antecesores que enfrentaron casos de violación de derechos humanos, como la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa en 2014, de los cuales solo fueron identificados los restos de tres.
“No hay ningún propósito de ocultar los hechos (...), de proteger a nadie, no se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos”, aseguró López Obrador.
Por su parte, Karine Jean—Pierre, portavoz de la Casa Blanca, tildó de “desgarrador” el video y mencionó vagamente la posibilidad de que heridos reciban atención médica en Estados Unidos.
El gobierno salvadoreño exigió de su lado castigo para los encargados de la estación.
“¿Cómo es posible que las autoridades mexicanas hayan dejado encerrados a seres humanos sin posibilidad de escapar del incendio?”, cuestionó a su turno Amnistía Internacional.
La organización denunció que la catástrofe es “consecuencia de las restrictivas y crueles políticas migratorias” de México y Estados Unidos.
Los migrantes consideran que esas medidas dificultan cada vez más la posibilidad de llegar a Estados Unidos para escapar de la violencia y la pobreza en sus países.
“Buscar refugio es un derecho humano y no un asunto policial”, se lee en un pancarta colgada en la reja del INM en Ciudad Juárez.
La tragedia puso de relieve el duro trato que reciben los migrantes. Un informe de la Organización Internacional para las Migraciones señala que desde 2014 unas 4.400 personas murieron o desaparecieron en la frontera de 3.180 kilómetros.
Las políticas del presidente Joe Biden obligan a los ciudadanos de Ucrania, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití a pedir asilo desde los países por los que transitan o a gestionar citas en línea.
El demócrata es acusado por la oposición republicana de haber perdido el control de la frontera, con más de 4.5 millones de personas sin papeles interceptadas en esa región desde que asumió el cargo.
