Teherán. El recurso a la pena de muerte aumentó con fuerza (+25%) en el 2021 en Irán, con un creciente número de mujeres ahorcadas, según denuncian dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que exhortan a la comunidad internacional a hacer del tema una “prioridad” en cualquier negociación con Teherán.
“Irán inicia un regreso con fuerza en el escenario internacional con las negociaciones en torno de su programa nuclear”, pero al mismo tiempo ese país “continuó con las ejecuciones” y “utilizó la pena de muerte como instrumento de represión contra muchos opositores”, denunciaron las ONG Irán Human Rights (IHR, Derechos Humanos en Irán) y Ensemble Contre la Peine de Mort (ECPM, Juntos contra la Pena de Muerte) en un informe publicado este jueves.
Al menos 333 personas fueron ejecutadas en Irán en el 2021, es decir un aumento de 25% con respecto a los 267 del 2020, según el 14.º informe anual sobre la pena de muerte de IHR, con sede en Noruega, y ECPM, con sede en Francia, que juzgan “alarmante” la situación.
Las ejecuciones en Irán —uno de los países que más aplican la pena de muerte junto a China y Arabia Saudita— se efectúan por ahorcamiento. Las organizaciones revelan que “el número de ejecuciones” se aceleró tras la elección del presidente Ebrahim Raisi en junio y se duplicaron en la segunda mitad del 2021 con respecto a la primera mitad”.
Al menos 17 mujeres fueron ejecutadas el año pasado, contra 9 en el 2020, y al menos dos delincuentes juveniles, indicó este informe de más de 100 páginas. Según esas organizaciones, “el número de ejecuciones vinculadas con el tráfico de drogas dio un salto espectacular con un total de 126 ejecutado el año pasado, es decir un centenar más que el año anterior” (25 en el 2020).
‘Menor vigilancia’
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Al menos 17 mujeres fueron ejecutadas el año pasado, contra 9 en el 2020. Foto: (ATTA KENARE/AFP)
“Los terribles balances de la República islámica en materia de derechos humanos y pena de muerte no están incluidos en las negociaciones del Jcpoa” (el acuerdo del 2015 destinado a impedir que Irán se dote de la bomba atómica), afirmó Mahmood Amiry-Moghaddam, director de IHR.
El responsable de esta ONG lamentó que “las autoridades iraníes sean objeto de una menor vigilancia mientras se llevan a cabo estas negociaciones”. “Toda negociación entre Occidente e Irán debe incluir la cuestión de la pena de muerte entre sus prioridades”, exhortó de su lado Raphael Chenuil-Hazan, director general de ECPM.
El número de ejecuciones de personas procedentes de minorías étnicas continuó aumentando en el 2021. El 21% de los prisioneros ahorcados eran baluchíes, a pesar de que esta minoría solo representa entre el 2 al 6% de la población, según el informe.
La tortura física y psicológica es “utilizada de manera sistemática en las prisiones”, especialmente como “método para conseguir confesiones que se convertirán en la base de las condenas a muerte”, denunciaron también las organizaciones.
En el 2021, se informaron varios casos de muertes sospechosas en prisión, que fueron causadas por la tortura o el rechazo a atención médica apropiadas, indicaron esas organizaciones, que precisaron que nadie se vio responsabilizado por esos hechos. Como en el 2020, la mayoría de los ejecutados fueron condenados por asesinato.
Entre las 176 mujeres ahorcadas, 12 lo fueron por homicidio. Las organizaciones se inquietaron del creciente número de mujeres condenadas por haber matado a sus maridos. Según esas entidades, estos podrían haber cometido violencia de género contra ellas.
