La disposición ordenada por el tribunal colegiado de Tamaulipas responde a dos amparos de revisión sobre el llamado caso Ayotzinapa, localidad donde se ubica la escuela a la que pertenecían los estudiantes cuya desaparición conmocionó al país y generó una ola mundial de indignación.
"Con relación a la investigación del 'Caso Ayotzinapa', se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la Procuraduría General" (fiscalía), señaló el CJF en un comunicado.
Los 43 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente el 26 de septiembre de 2014 por policías de la ciudad de Iguala, en el violento estado de Guerrero, quienes los habrían entregado a sicarios del crimen organizado, según la investigación oficial.
Los criminales los habrían asesinado e incinerado para luego arrojar sus cenizas a un río, versión que sin embargo ha sido cuestionada por expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
"Son amparos en revisión que presentaron los procesados (...) pero entiendo que ha influido mucho lo que nosotros hemos denunciado sobre la irregularidad en las investigaciones”, dijo a la AFP, Vidulfo Rosales, abogado de los deudos.
El fallo pide al ministerio público que presente dictámenes elaborados por peritos independientes que cumplan con lo establecido por el derecho internacional pues “se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura”, indica el comunicado.
"Ante las graves violaciones a los derechos humanos (...), y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia", agregó.
Dicha comisión estará integrada por los representantes de las víctimas, la autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos y el ministerio público federal, precisó el CJF.
Un informe de la ONU difundido en marzo estableció que "hay fuertes elementos de convicción" para considerar que al menos 34 personas arrestadas por el caso fueron torturadas y muchas de ellas detenidas arbitrariamente.
