"Le hemos entregado al presidente la propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad nicaragüense y expresa el anhelo de la mayoría de la población", dijo el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, el cardenal Leopoldo Brenes, al leer un comunicado tras la cita con Ortega.
"Esperamos su respuesta escrita lo más pronto posible" para valorar "la factibilidad de continuar" las negociaciones, señalaron los obispos, que ofician de mediadores del diálogo.
Los clérigos no revelaron detalles de la propuesta entregada a Ortega y el gobierno no se pronunció después de la reunión.
Los líderes católicos transmitieron a Ortega "el dolor y la angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas" y le plantearon la necesidad de avanzar en la democratización del país.
La oposición había propuesto adelantar las elecciones previstas para 2021 y adelantar la salida del gobierno de Ortega, quien retornó al poder en 2007 y fue reelegido en 2011 y 2016 en cuestionados procesos electorales.
La cita entre Ortega y los obispos se realizó en medio de la grave crisis que vive el país por las manifestaciones antigubernamentales que estallaron el 18 de abril, y que han dejado hasta el momento 134 muertos, según dijo a la AFP la directora ejecutiva del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Marlin Sierra.
Los obispos había anunciado el 31 de mayo que no reanudarían el diálogo entre el gobierno y la oposición, representada en una alianza de estudiantes, empresarios y sociedad civil, mientras no cesara la represión contra los manifestantes.
Aunque la represión y las protestas continúan, los obispos intentan reactivar la búsqueda de una solución pacífica a la crisis, que se agravó esta semana con cierres de vías y barricadas que los manifestantes construyen para defenderse de los ataques de la policía y de los grupos de choque afines al gobierno.
Del lado de la oposición, existe la esperanza de que Ortega se comprometa con los obispos a cesar la violencia y acepte reanudar el diálogo para discutir la democratización, dijo a la AFP el exdiplomático Carlos Tünnermann, quien representa a la sociedad civil en el diálogo nacional.
Los estudiantes, que encabezan las protestas, esperan que los obispos puedan convencer a Ortega "a tener una actitud mucho más abierta" para reanudar el diálogo, dijo a la AFP Yaritza, dirigente del grupo estudiantil atrincherado en la Universidad Nacional Autónoma (UNAN), en Managua.
Pese a que la vicepresidenta Murillo llamó a la paz, la represión contra las manifestaciones continúa y Estados Unidos se sumó este jueves a las condenas internacionales contra Ortega.
El Departamento de Estado impuso restricciones para otorgar visas a oficiales de policía y funcionarios municipales, entre otros, a quienes considera responsables de abusos contra los derechos humanos y la democracia durante las protestas.
"La violencia política por parte de la policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, en particular contra estudiantes universitarios, muestra una flagrante falta de respeto por los derechos humanos y es inaceptable", expresó la portavoz del Departamento de Estado, Heather Nahuert, en un comunicado.
El miércoles, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había denunciado que se ejercía mayor violencia y con nuevos tipos de represión en las protestas contra Ortega.
Los opositores mantienen bloqueadas numerosas rutas, principalmente al sur de la capital, con el propósito de proteger a la ciudad de Masaya, blanco de saqueos, incendios y ataques de policías y fuerzas de choque desde que estallaron las protestas.
Ante la prolongación de la crisis los opositores orientaron organizar barricadas en las vías con "mandos claros", usar claves de comunicación para detectar infiltrados, tener listas rutas de escape, crear equipos de exploración y de "morteristas" para defender las trincheras.
En algunas comunidades y barrios la gente también se organizaba para impedir que grupos armados entraran a robar o disparar.
Se estima que la economía nicaragüense sufrirá pérdidas de alrededor de 800 millones de dólares y cerca de 90.000 empleos serán afectados a causa de la crisis política, advirtieron este jueves economistas independientes.
