Caracas. Unos 1.500 trabajadores venezolanos, entre activos y jubilados de la administración pública, exigieron este lunes un incremento y la dolarización de sus “salarios de indigencia”, pulverizados por la rampante inflación.
“Firma el contrato... en dólares”, cantaban un grupo de los manifestantes al ritmo de guaracha con charrasca y tambores, que intentó marchar hasta la Fiscalía General pero la policía bloqueó el camino.
“Pobreza crítica. Salarios de indigencia. No al exterminio”, se leía en una de las pancartas. “Juntos por un salario digno”, “No es bloqueo, es saqueo”.
El chavismo gobernante -que coloca en las sanciones internacionales toda la responsabilidad de la crisis- convocó en paralelo a otra manifestación en respaldo del presidente Nicolás Maduro, que se hace llamar “presidente obrero” por sus orígenes como dirigente sindical y debe participar del acto.
No está claro si anunciará un aumento del salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a $5,25 y el menor de América Latina.
“Estoy aquí para exigir como venezolana y como educadora un salario decente, un salario justo (...) que nos alcance para cubrir la cesta básica”, exigió Lisbeth Verdu, docente de 39 años. “Esta inflación nos tiene por el piso”.
Maduro decretó el último aumento en marzo de 2022, cuando pasó de 7 a 130 bolívares. En ese momento equivalía a poco menos de $30, pero desde entonces la moneda venezolana se desvalorizó 82%.
Ese dinero alcanza para kilo y medio de muslo de pollo, poco más de dos docenas de huevos y o 2,6 kg de mortadela.
“No vivimos, sobrevivimos”, dice a la AFP Dary Romero, de 50 años y enfermera de un hospital en el que gana 160 bolívares. “El salario se nos va en el pasaje (de bus), pero trabajamos con mucha vocación de servicio”.
“Los fines de semana me dedico a ser emprendedora y vendo perros calientes, con eso me ayudo y bandeo mis necesidades básicas”, explica. “La enfermería es vocación y no la voy a dejar. Si vuelvo a nacer, vuelvo a ser enfermera”.
En enero se registraron protestas de empleados públicos, que pedían equiparar sus sueldos a la canasta básica, calculada en unos $500 según estimaciones privadas, e indexarlos al valor del dólar, una exigencia que es inviable, según economistas.