Según el presidente de la comisión, Gustavo Porras, allegado al jefe de Estado Daniel Ortega, el organismo tendrá libertad plena para realizar investigaciones.
Los estudiantes piden, sin embargo, que se genere una instancia independiente con presencia de representantes de organismos de derechos humanos.
El Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), aliado del gobierno, emitió un comunicado donde coincidio con el pedido estudiantil.
Los empresarios reiteraron su pedido de una "investigación independiente y creíble" con participación de organismos de derechos humanos y que se ponga ante la justicia a los responsables de las muertes durante las protestas.
El gobierno de Ortega rechazó hace una semana una solicitud de la CIDH para realizar una visita urgente al país y constatar en el terreno la situación de los derechos humanos, según informó esa entidad autónoma de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La coordinadora estudiantil, integrada por delegados de todas las universidades, exigió por otro lado que cese la "intimidación, represión y persecución" a opositores de parte de la policía y de fuerzas de choque afines al gobierno.
También rechazaron como "ilegítimo y arbitrario" el juicio a dos jóvenes acusados por la fiscalía del asesinato del periodista Angel Gahona, muerto durante las protestas en la ciudad de Bluefields, y que cesen los procesos abiertos a cinco ciudadanos por participar en protestas pacíficas.
Los universitarios se lanzaron a las calles el pasado 18 de abril en rechazo a una reforma a la ley de seguridad social.
Pese a que el Ejecutivo retiró la norma, las protestas se generalizaron, extendiéndose por tres semanas. Al menos 47 personas murieron en ese lapso en enfrentamientos entre manifestantes y la policía.
