Las personas podrán ser sancionadas con una multa de 100 euros ($112) si no llevan mascarilla en la vía pública o en espacios cerrados cuando no puedan mantener una distancia de seguridad de 1,5 metros con otras personas, según un comunicado del Ministerio de Sanidad.
También se mantendrá su obligatoriedad en los transportes públicos, los aviones o los vehículos privados cuyos ocupantes no convivan en un mismo domicilio.
España, uno de los países más castigados por el nuevo coronavirus con más de 27.000 víctimas, impuso el 21 de mayo el uso de las mascarillas a los mayores de seis años en la vía pública y en los espacios cerrados si no se puede mantener la distancia de seguridad.
Desde el 4 de mayo ya era obligatorio en los transportes públicos.
Esta nueva decisión forma parte de un conjunto de medidas destinadas a continuar la lucha contra el virus una vez termine el desconfinamiento y se levante el estado de alarma el 21 de junio.
"Todas estas medidas que estaban vigentes durante el estado de alarma (...) deben seguir en vigencia hasta que derrotemos definitivamente al virus, que será cuando tengamos una terapia eficaz o una vacuna efectiva", insistió el ministro de Sanidad.
España impuso a mediados de marzo uno de los confinamientos más estrictos del mundo. Hace un mes inició un proceso de prudente desescalada de las restricciones por fases.
El ministro confirmó que cuando termine el estado de alarma se restablecerá la libertad de circulación en el país, incluso para los habitantes de Madrid y Barcelona, las dos áreas más castigadas y donde no habrá culminado todavía el desconfinamiento.
El 21 de junio, “podrá haber movilidad sin restricción en nuestro país”, dijo el funcionario en referencia a las actuales medidas para prohibir la movilidad interregional en algunos territorios.
Más allá de la mascarilla, el decreto aprobado este martes contempla medidas para los centros laborales como "la ordenación de los puestos de trabajo o la organización de los turnos para evitar aglomeraciones", así como para los hoteles y la restauración.
El decreto gubernamental exige a las autoridades de sus 17 regiones, con competencias en materia de sanidad, que dispongan de un número suficiente de personal implicado "en la prevención y el control" de la pandemia para detectar rápidamente nuevos rebrotes.
Para garantizar la “trazabilidad” de los nuevos contagios, las compañías aéreas o de transporte terrestre deberán conservar los datos de sus pasajeros durante “un mínimo de cuatro semanas”.
