Caracas. María nació hace 22 años de una madre seropositiva pero nunca contrajo el virus gracias al tratamiento oportuno que ambas recibieron durante el embarazo y en los primeros días después del nacimiento.
Fue la Fundación Innocens, una la ONG en el estado Zulia, oeste de Venezuela, que coordinó todo, desde los medicamentos, pasando por la cesárea obligatoria y el suministro de la leche maternizada.
Pero la mayoría de las mujeres en esta condición dependen del sistema público de salud, en crisis perenne, plagado de estigmas, sin un proceso estandarizado y muy "a discreción" del tratante.
María, que pidió cambiar su nombre, recién se enteró a los 14 años de la condición de su madre, es ahora voluntaria en la ONG que les brindó asistencia y que desde hace tres décadas atiende a miles de mujeres en uno de los principales hospitales de Maracaibo, la capital de Zulia.
Su madre "cumplió el tratamiento al pie de la letra y así fue como nací completamente sana", relata la joven a la AFP.
Venezuela suma unos 100.000 contagiados con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), según un informe del ministerio de Salud publicado en 2020, que precisa que del total, 73.147 conoce su estado serológico y 56.038 recibe tratamiento de forma gratuita.
Un total de 404 mujeres embarazadas con VIH fueron atendidas en la red pública en 2020, otras 75 fueron diagnosticadas después de dar a luz y sus bebés pasaron a recibir el protocolo para expuestos al virus; 2,8% de los recién nacidos fueron seropositivos ese año, refleja el reporte oficial.
"Se logró incrementar la entrega de antirretrovirales a las mujeres que fueron diagnosticadas durante su etapa de gestación", según el informe.
No obstante, María Graciela López, expresidenta de la sociedad de Infectología de Venezuela, estima que "la atención a las embarazadas seropositivas queda a discreción de los profesionales de cada centro" de salud.
La organización especializada Acción Solidaria ha denunciado por su parte "estigma y discriminación" hacia la mujer infectada en los hospitales.
En Zulia, otrora capital petrolera venezolana, el protocolo común en centros de salud ha sido remitir a las pacientes a Inoccens, que Cecilia Bernardoni fundó en 1994 como una promesa al primer niño con sida que atendió como odontóloga tras el rechazo de otros colegas, temerosos de contagiarse.
"Necesitamos fortalecer el programa de prevención en las maternidades", insiste esta mujer de 79 años bautizada como el "ángel de los niños con VIH". "No solo es atenderlos sino garantizarles la vida, que puedan continuar viviendo".
"El programa solo se cumple acá" en Inoccens, critica por su parte Arelis Lleras, infectóloga de la fundación.
Los casos no obstante han saltado en la fundación en los últimos años: de 30 en 2019 a 64 en 2021 y en lo que va de este año ya suman 68. El confinamiento por el covid-19, la falta de controles y la imposibilidad de trasladarse a centros asistenciales impulsaron el salto.
"Hemos tenido semanas con casos nuevos todos los días", alerta por su parte Clara Urbina, psicóloga de la ONG.
Más allá de la detección, tratamiento y cesárea, la leche maternizada es un verdadero dolor de cabeza para Inoccens, pues el bebé no puede ser amamantado para evitar el contagio.
"Son siete potes mensuales por niño, por aproximadamente nueve meses, y llevamos 68 cesáreas", explica Bernardoni. "Antes les dábamos todo, pero ya no podemos".
Un envase de fórmula cuesta entre $5 y $13, inalcanzable para muchos en un país con un salario mínimo equivalente a unos $10. Muchas les dan a los bebés agua con avena, plátano o arroz, lamenta Bernardoni, que llama a donaciones.
María evita hablar en la universidad de la condición de su mamá, de nuevo por el estigma en este país conservador, pero sigue fiel a su trabajo voluntario. “Cada vez que veo a un niño que nace con el virus se me eriza la piel, porque yo pude ser uno de ellos”.