El acuerdo no vinculante acordado en julio del año pasado es considerado por varios países, incluido Estados Unidos, como un peligro a la soberanía nacional.
El documento "fue evolucionando desde un pacto que apuntaba a la necesaria conversación internacional hacia un pacto que refleja ciertos estándares internacionales que no son aplicables con la política migratoria chilena", señaló el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla.
Por ese motivo, el gobierno del conservador Sebastián Piñera "ha decidido no participar de la reunión del día lunes y martes en Marrakesh a fin de poder en la instancia que corresponde, con posterioridad, dejar claramente establecido cuáles son las diferencias objetivas que se tienen con este pacto", agregó el funcionario en declaraciones difundidas a la prensa por su cartera.
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Tras la conferencia de Marruecos, el documento retornará a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación en una sesión fijada para el 19 de diciembre.
Chile considera que ambigüedades presentes en el texto del acuerdo funcionan como "una especie de camisa de fuerza respecto a lo que posteriormente corresponde a cada país soberanamente hacer", en relación a la política migratoria.
Ubilla defendió que la migración no es un derecho humano en sí misma y que son los países los encargados de definir las condiciones de ingreso de los extranjeros, según declaraciones al diario El Mercurio.
En una misiva difundida por la Subsecretaría del Interior, el gobierno chileno cita que el pacto no diferencia entre migración regular e irregular, toma en cuenta la movilidad laboral para jerarquizar criterios migratorios y utiliza un lenguaje vinculante que abre la puerta para que "actores internacionales interfieran en el diseño de la política migratoria nacional".
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La discusión del pacto se produce en simultáneo a la implementación en Chile de una nueva política migratoria. Desde su llegada al gobierno en marzo, Piñera implementó una serie de medidas para "poner orden" ante la nutrida llegada de migrantes.
En ese contexto el país estableció desde abril una visa de turismo para los haitianos, que en la práctica limitó ampliamente su ingreso, y una visa especial para los venezolanos que facilita su inclusión laboral.
En los últimos años ingresaron a Chile unos 155.000 haitianos y casi 200.000 venezolanos.
