La iniciativa, que podría afectar la actividad de organismos no gubernamentales y medios de comunicación internacionales presentes en el país, propone que debe registrarse como agente extranjero cualquier persona natural o jurídica que reciba fondos o responda a gobiernos o entidades extranjeras.
Quienes sean catalogados como "agentes extranjeros" deberán "abstenerse (...) de intervenir en cuestiones o temas de política interna", añade el texto.
El documento del oficialismo, que es mayoría en el Parlamento, también incluye en esta categoría a quienes trabajen como consejeros, relacionistas públicos, agentes de publicidad, empleados de servicios de información o consultores políticos.
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“Este es un mensaje peligrosísimo para el sistema democrático y pretende ahogar a oenegés, periodistas y a todo el que no le rinda pleitesía a este gobierno; es tratar de acallarnos”, dijo el abogado de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) Pablo Cuevas.
El gobierno "no tolera voces discordantes" y apunta a "profundizar la persecución a quienes no se le someten", advirtió el activista.
Voces oficialistas afirman que el proyecto no es definitivo y que será ampliamente debatido.
El presidente del parlamento, Gustavo Porras dijo a un medio progubernamental que el proceso para que se apruebe la ley "a duras penas está comenzando" y será consultado ampliamente. Además restó importancia a quienes lo rechazan, afirmando que lo único que propone es que "quien vaya a recibir dinero tiene que estar inscrito".
Porras, un allegado al presidente Daniel Ortega, consideró que con esa ley el país busca que ningún gobierno extranjero financie actividades desestabilizadoras en el país.
Sin embargo, el proyecto, que permitirá a la autoridad competente intervenir fondos, bienes muebles e inmuebles de quienes se nieguen a cumplir con el registro de agente extranjero, ya levanta críticas de varias organizaciones.
"Es un mecanismo más de represión" contra opositores y periodistas a los que el gobierno de Ortega considere que "le están haciendo sombra", dijo a su vez a la AFP el politólogo José Peraza.
‘Oscuro’ y ‘tenebroso’
El bloque opositor Coalición Nacional, que agrupa a partidos y agrupaciones cívicas, calificó al proyecto de “oscuro” y “tenebroso” y sostuvo que pretende criminalizar a todos aquellos que se opongan al gobierno, “despojándolos de sus derechos de protesta y reclamos sociales”.
El director de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), Juan Sebastián Chamorro, consideró por su lado en Twitter que la ley es "aberrante" y confiscatoria".
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La escritora Gioconda Belli dijo en la misma red social que la iniciativa del gobierno "es inconstitucional y cercena derechos a los nicaragüenses, arrogándose la potestad de llamarlos 'agentes extranjeros', nombre que encierra de hecho una negación de ciudadanía".
"Es un instrumento para quitar personería a partidos políticos, impedir candidaturas" con miras a los comicios presidenciales y legislativos del próximo año, agregó la autora de "El país bajo mi piel".
El proyecto de ley surge después que el gobierno anunciara reformas al código penal para castigar con cadena perpetua a los autores de crímenes contra menores y también de crímenes de odio, como los que -según afirma- se cometieron durante las protestas opositoras del 2018.
Ortega, de 74 años, gobierna el país desde el 2007 y su administración es acusada por sus adversarios de corrupción y nepotismo.
