Una enfermera y profesora universitaria de California pasó tres días sin que su familia ni su abogada pudieran localizarla después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la detuvieran en su casa, según un reportaje del New York Times publicado este lunes.
Aunque la mujer logró llamar a sus familiares desde un centro de retención el mismo día del arresto, su nombre no aparecía en el localizador público de detenidos y las autoridades no informaban dónde estaba.
Según el Times, el caso, publicado el 10 de noviembre, expone los efectos de una política del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que excluyó de esa base de datos a la mayoría de los inmigrantes con órdenes definitivas de deportación.
La medida fue comunicada a contratistas de la institución mediante un documento que, según el diario, incluía instrucciones para responder a quienes preguntaran por el paradero de una persona detenida.
Ann Lawani, de 39 años y originaria de Nigeria, fue arrestada el 16 de setiembre en Lodi, California. Tres días después, su familia supo que estaba recluida en un centro de detención en Louisiana. Para entonces, había sido trasladada por cuatro instalaciones distintas, según reconstruyó The New York Times.
El periódico informó que abogados de inmigración de distintas partes del país advirtieron que la nueva política dificulta el seguimiento de sus clientes en una red de más de 300 centros de detención.
Los traslados frecuentes entre instalaciones agravan el problema, pues si familiares y representantes legales desconocen dónde está una persona, pueden perder tiempo valioso para presentar recursos legales y evitar una deportación.
Una demanda presentada en octubre ante un tribunal federal de Boston por el Centro Nacional de Derecho Migratorio y otras organizaciones sostiene que más de 20.000 personas, alrededor del 30% de los detenidos, desaparecieron del localizador público tras el cambio.
Los demandantes alegan que la medida es ilegal y limita el debido proceso, pues algunos inmigrantes con órdenes definitivas todavía tienen recursos legales para intentar frenar su expulsión.
Cassandra Charles, abogada del Centro Nacional de Derecho Migratorio, dijo a The New York Times que ocultar a las personas en el sistema facilita las deportaciones al dificultar que sus familiares y abogados las encuentren. La consecuencia, advirtió, puede ser “devastadora”.
El Departamento de Seguridad Nacional respondió al diario que los detenidos tienen varias formas de comunicarse con sus familiares y abogados. También defendió que, para quienes tienen órdenes definitivas de deportación, el procedimiento correspondiente es la expulsión.
Información sobre costarricenses detenidos
El 24 de setiembre, La Nación informó de que ICE estaría eliminando del localizador público a inmigrantes con órdenes definitivas de deportación y que sus agentes tampoco podían compartir por teléfono la ubicación de una persona detenida con sus familiares o abogados, según información reportada previamente por Associated Press y The Washington Post.
Así se consignó en una nota sobre Jorge Mata Campos, costarricense de 51 años detenido en su casa en Nashville, Tennessee, y trasladado al Richwood Correctional Center, en Louisiana. Mata relató a La Nación que llevaba meses recluido, que había perdido casi 15 kilos y que enfrentaba dificultades para comunicarse con sus familiares.
Para conversar con él por videollamada, La Nación tuvo que utilizar una plataforma de ICE. En el centro, según relató el costarricense, 120 detenidos compartían una sola tableta y un teléfono con mala conexión. Las llamadas tenían un costo para sus familiares.
La dimensión de las detenciones también quedó expuesta en una investigación publicada por La Nación el 22 de setiembre. Con datos del Deportation Data Project, obtenidos mediante solicitudes de acceso a información pública, este diario contabilizó 850 episodios de arresto de costarricenses entre octubre de 2022 y el 5 de agosto de 2026. En esa última fecha, 67 nacionales seguían detenidos; 11 acumulaban más de 90 días de reclusión y tres llevaban más de un año.
La Defensoría de los Habitantes pidió explicaciones a la Cancillería sobre los mecanismos para garantizar asistencia consular a costarricenses detenidos en Estados Unidos.
La institución preguntó, entre otros asuntos, cómo se informa a los detenidos sobre su derecho a contactar a las autoridades consulares y cómo se verifican sus condiciones de reclusión.