Las restricciones penitenciarias aprobadas por el Congreso, por solicitud del gobierno derechista del presidente Nasry Asfura, se suman a la declaratoria del viernes pasado como organizaciones terroristas de varios grupos criminales, incluidas las pandillas.
Las disposiciones apuntan al aislamiento de los presos de alta peligrosidad y a eliminar las medidas sustitutivas de cárcel para presuntos miembros de esas organizaciones criminales.
El paquete modifica el Código Procesal Penal y establece que los supuestos miembros de esas estructuras serán enviados a cárceles de máxima seguridad tras su captura.
También ordena que los prisioneros de esos grupos delincuenciales solo tendrán derecho a una hora de sol y patio, ya sea de forma individual o en grupos reducidos de no más de dos personas.
Asimismo, contempla crear juzgados especializados para conocer exclusivamente casos relacionados con integrantes de esos grupos.
Estas disposiciones se aprueban el mismo día en que el Escudo de las Américas, la alianza regional antidrogas liderada por Washington, anunció un pacto para combatir a una veintena de grupos criminales en la región.
La guerra antipandillas de Bukele, que redujo los homicidios a mínimos históricos, se desarrolla bajo un régimen de excepción que ha llevado a la cárcel, desde 2022, a unas 92.000 personas sin orden judicial.
Asfura, aliado del presidente estadounidense Donald Trump, asumió en enero su mandato con el objetivo principal de reducir la criminalidad.
