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El Secretario de Defensa de México dijo que no permitirá que ninguna comisión internacional interrogue a sus hombres, porque el Ejército no tiene ninguna responsabilidad en la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en el sur del país, hace poco más de un año.
"No tienen por qué declarar los soldados, solo respondemos a las autoridades mexicanas", afirmó el general Salvador Cienfuegos en respuesta a una petición del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha investigado lo sucedido en Iguala en setiembre de 2014.
En esa ciudad, del estado de Guerrero, la Policía local detuvo ilegalmente a un grupo de estudiantes, quienes luego fueron entregados a sicarios del crimen organizado. En apariencia, estos últimos ejecutaron a los estudiantes e hicieron desaparecer sus restos en una confusa sucesión de hechos que aún no ha logrado esclarecerse en su totalidad.
"Las leyes no lo permiten", argumentó Cienfuegos. "No puedo permitir que interroguen a mis soldados, que no cometieron ningún delito".
Aunque familiares de las víctimas y organizaciones que los apoyan han querido implicar al ejército en los homicidios, los soldados ya han declarado ante las autoridades mexicanas, que no han logrado deslindar ninguna responsabilidad de las fuerzas armadas en los hechos de aquella noche.
Cienfuegos agregó, durante una entrevista en el canal Televisa, que interrogar a los miembros del 27 batallón de infantería del ejército mexicano con base en Iguala –que monitorearon sin intervenir lo sucedido aquella noche en Iguala–, lanzaría el mensaje de que "tienen algo que ver" y tendría como consecuencia que el propio general "perdería mucho de lo que soy en este momento. Va por delante mi prestigio".
El general insistió en la versión oficial dada por las autoridades desde el primer día y que se basa en la comunicación establecida entre el comandante del batallón y el director de seguridad pública municipal, Felipe Flores, en busca y captura desde que sucedieron los hechos. Según Cienfuegos, Flores negó que existiese ningún enfrentamiento con los estudiantes así como que hubiera detenidos o disparos y que los accesos a la ciudad estaban bajo control.
El Ejército, que además de estar en comunicación no sólo con la policía local sino con la estatal, también tenía información de inteligencia propia sobre el terreno, como se ha confirmado en los diferentes informes oficiales hechos públicos hasta el momento, ha mantenido que esas comunicaciones son las que les motivaron a no intervenir.
"No hubo acción ni omisión en contra de nadie", afirmó Cienfuegos, que siempre ha estado en contra no sólo de las declaraciones sino de una reiterativa petición de los familiares para tener acceso a las instalaciones del batallón porque piensan que allí, un año después, habrá pruebas de lo que sucedió con sus hijos.
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Por su parte, el Grupo de expertos Independientes de la CIDH ya mostró –durante la presentación de su cuarto informe sobre los hechos– su preocupación por la ausencia de respuesta del Ejército a su petición de entrevistar a los soldados y ha reiterado que "está facultado en todo momento a sugerir al Ministerio Público ampliar las declaraciones que los 36 miembros (sic) del 27 Batallón hicieron en calidad de testigos".
Recompensa. La Fiscalía mexicana anunció que pagará recompensas de casi $500.000 a quienes proporcionen información para capturar a cinco presuntos implicados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace un año.
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De esa suma, $145.000 serán entregados a quienes ayuden a detener a Felipe Flores Velázquez, exdirector de Seguridad Pública del municipio de Iguala, Guerrero (sur), sitio en el que los estudiantes fueron atacados por policías municipales antes de desaparecer el 26 de setiembre de 2014, indicó la Fiscalía en el Diario Oficial de la Federación.
La dependencia pagará $87.000 dólares por datos que ayuden a localizar a cada uno de los otros cuatro implicados, cuyos nombres no trascendieron, sin precisar el cargo de estas personas, ni los delitos que se les imputan.
Flores Velázquez es primo del ahora preso exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, quien es acusado de ordenar el ataque contra los estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa.
