Caracas. Las protestas contra la reelección de Nicolás Maduro tenían un objetivo claro: “crear en Venezuela una guerra civil”, sostiene el fiscal general, Tarek William Saab, quien justifica la acción de las autoridades pese a las críticas de activistas de derechos humanos.
Al recibir a esta agencia este lunes, Saab afirmó hacer “oídos sordos” a quienes lo acusan de ser un fiscal al servicio de Maduro.
En las paredes y mesas de su despacho hay retratos y esculturas de Simón Bolívar, así como fotos con Maduro y los fallecidos líderes socialistas Hugo Chávez y Fidel Castro. Como curiosidad, exhibe un pequeño palo de lluvia de madera con la frase “No más Trump”.
Ratificado en su cargo para un nuevo período, el fiscal subraya que en sus primeros siete años de gestión, el Ministerio Público atendió a 2,12 millones de personas, hubo 600 condenas a militares y policías por violaciones de derechos humanos, y se realizaron 21.851 imputaciones por corrupción, que incluyen a cinco exministros de Petróleo.
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Saab considera que existió “premeditación” en la violencia de las manifestaciones que estallaron tras la proclamación de Maduro como reelecto en la madrugada del 29 de julio, un día después de los comicios. La oposición, liderada por María Corina Machado, denunció fraude y aseguró tener pruebas de la victoria de su candidato, Edmundo González.
Según un balance actualizado del fiscal, las protestas dejaron 28 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, incluidos un centenar de adolescentes que, según activistas y familiares, han sufrido torturas.
“El plan era cantar fraude para escalar una acción terrorista”, insistió Saab. “Si no actuábamos en ese momento como lo hicimos, Venezuela habría sido objeto de una guerra civil. Por eso sostengo que esto sí estaba premeditado”.
¿Niños detenidos? Es mentira, afirma Saab
Saab destacó la destrucción de unos 500 inmuebles durante las protestas, incluyendo escuelas, ambulatorios y alcaldías. “Pero lo más grave: mataron a 28 personas”, expresó, negando que alguna de las muertes sea “imputable a los cuerpos de seguridad”. “No hay denuncia alguna”, subrayó.
“¿No tienen derechos humanos las 200 personas heridas?”, cuestionó. “Intentaron quemarlas, les dispararon. ¿Quiénes lo hicieron? ¿Me va a decir que (los detenidos) son presos políticos?”.
La ONG Foro Penal asegura que unas 1.800 personas siguen detenidas por este caso, incluidos 69 menores de edad. “Existe la ley penal vinculada a los adolescentes, que establece las edades entre 14 y 17 años”, justificó Saab. “En Venezuela los niños no van detenidos, eso es mentira”.
Más temprano, dijo que los adolescentes arrestados se encuentran en penales para menores, “atendidos en sus derechos humanos”. Del total de detenidos, “muchos han sido excarcelados”, aunque no precisó el número.
“Ha habido un proceso de revisión de medidas”, indicó. “Toda investigación tiene su curso hasta que el proceso culmine”. Saab también rechazó las denuncias de tortura en la crisis poselectoral. “A todos los detenidos les hemos dado una debida evaluación médica”.
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Fiscal afirma que si Edmundo González entra a Venezuela es detenido
Machado se encuentra en la clandestinidad, y González Urrutia se exilió en España tras emitirse una orden de captura en su contra. “Él sabe que si entra a Venezuela es detenido de manera automática”, indicó Saab.
La Fiscalía lo solicita por delitos como forjamiento de documento público e instigación a la desobediencia de las leyes. Machado también es investigada penalmente por la violencia poselectoral, al igual que González Urrutia. Maduro pidió cárcel para ambos. Saab no precisó si existe una orden de arresto contra Machado. “Está siendo investigada en los términos que ya he difundido de manera suficiente, pública y notoria”, respondió evasivo.
Corrupción, ‘un enemigo’
“Los principales enemigos de un pueblo son quienes practican el terrorismo y la conspiración”, apuntó. Otro “enemigo número uno”, añadió, es “la corrupción”, un mal crónico en Venezuela.
Saab resaltó el desmantelamiento de 34 tramas de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), que derivaron en cinco exministros del sector prófugos o encarcelados. La lista incluye al antiguo zar petrolero, Tareck El Aissami, preso por un desfalco de $17.000 millones; y más recientemente a Pedro Tellechea, acusado de filtrar información a una empresa de Estados Unidos que, según la Fiscalía, está relacionada con los servicios de inteligencia de ese país.
“La corrupción, que implica el robo del patrimonio de un pueblo y de un Estado para un enriquecimiento individual, es execrable, repugnante, repudiable”, sancionó.