El Ministerio Público pidió la detención de Morales, de 65 años, por el delito de “trata” de menor, a raíz del presunto arreglo con los padres de una adolescente de 15 años.
Corresponde “emitir un mandamiento de aprehensión, situación que mi autoridad lo hizo”, sostuvo este lunes la fiscala Sandra Gutiérrez en conferencia de prensa.
La autoridad informó de que la orden fue emitida el pasado 16 de octubre, pero que la hizo oficial este 16 de diciembre.
Gutiérrez explicó que no hizo mención antes porque “el caso es muy complejo”, debido a que se trata de un exmandatario, quien negó varias veces las acusaciones.
Además, dos días antes de emitir esa orden, habían arrancado unos bloqueos de carreteras de seguidores del exgobernante, en contra de lo que llamaron persecución política y de la crisis económica, que se prolongaron por 23 días.
Pese al convulso escenario político, relató que se efectuaron operativos policiales para capturar al exmandatario, quien desde entonces se refugia en su bastión político del Chapare cocalero, en centro del país.
“Fue imposible proceder con la ejecución de la orden de aprehensión contra este ciudadano, toda vez que desde el momento de los conflictos sociales producidos por el bloqueo nacional de caminos realizados por grupos afines al señor Juan Evo Morales Ayma, muchos funcionarios policiales fueron víctimas de agresiones e intento de homicidio por parte de bloqueadores”, reseñó el ente fiscalizador.
Imputación formal
Gutiérrez afirmó que la policía remitió un “sinnúmero” de informes que justificaban por qué no podía ejecutarse el mandato de captura y que incluso se señalaba que “estaba de por medio la vida no solo de funcionarios policiales, (sino) también de personas particulares”.
Según la fiscala, también emitió “la imputación formal” contra el ex jefe de Estado por el delito de trata y precisó que Morales enfrenta una pena de “10 a 15 años”.
El escándalo se remonta al 2015, cuando el líder cocalero gobernaba Bolivia. Según el expediente, Morales se involucró con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en el 2016.
La tesis fiscal apunta a que los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”.
Por estos hechos, la Fiscalía presentó una imputación contra el político y la madre de la supuesta víctima por el delito de “trata de personas agravado”.
Aunque Morales ha desestimado antes la denuncia por basarse en hechos que se investigaron en el 2020 bajo la figura penal de “estupro”, que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años, la fiscalía se concentra ahora en la presunta trata.
Esta es el segundo mandato de aprehensión que se emite contra el expresidente por el mismo caso.
La fiscal Gutiérrez ya había ordenado su captura en setiembre, pero un recurso judicial interpuesto por la defensa del líder aimara consiguió revocarla.
En medio de la lucha por la candidatura de la izquierda para las elecciones del 2025, Morales ha argumentado que esta investigación es un lawfare (persecución judicial) dirigida por el gobierno de Luis Arce, su antiguo aliado, para “proscribirlo” de la carrera electoral.
