La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de emitir órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el líder de Hamás, Mohammed Deif, provoca fuertes discrepancias entre Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Estas tensiones reflejan no solo una división sobre la legitimidad de la CPI, sino también sobre cómo abordar el conflicto en Gaza.
Estados Unidos: rechazo absoluto a la CPI
Desde Washington, el portavoz del Consejo Nacional de Seguridad expresó un rechazo categórico hacia las órdenes de detención. “Seguimos sumamente preocupados por la prisa del fiscal en emitir órdenes de detención y por los inquietantes errores de procedimiento que llevaron a esta decisión. Estados Unidos es claro en que la CPI no tiene jurisdicción en este asunto”, declaró.
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Mike Waltz, próximo asesor de seguridad nacional del presidente electo Donald Trump, fue aún más directo: “La CPI no tiene credibilidad. Estas acusaciones son refutadas por el gobierno de Estados Unidos”. Además, Waltz prometió una “respuesta firme al sesgo antisemita de la CPI y la ONU” tan pronto como Trump asuma la presidencia en enero de 2025.
El rechazo de Washington se extiende a posibles represalias diplomáticas contra los países que respalden estas órdenes. Algunos republicanos incluso piden sanciones directas contra la CPI, calificándola de “instrumento politizado”.
La Unión Europea: respaldo a la justicia internacional
En contraste, la postura de la Unión Europea se alinea con la CPI. Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, enfatizó desde Ammán, Jordania: “Esta decisión es vinculante y todos los Estados parte del estatuto de la corte, incluidos los miembros de la Unión Europea, deben implementarla”.
Borrell subrayó que las órdenes de arresto no son una cuestión política, sino un imperativo legal. “Es una decisión de un tribunal de justicia internacional, y debe respetarse y aplicarse”, insistió.
Israel denuncia un sesgo político
Desde Costa Rica, el cónsul de Israel, Amir Rockman, calificó las órdenes de la CPI como una herramienta política utilizada para atacar a Israel. “La decisión de la Corte de emitir órdenes contra líderes de Hamás y el primer ministro de Israel equipara a un líder democráticamente elegido con un grupo terrorista. Esto es una ofensa al Estado de Derecho”, declaró Rockman.
Rockman también defendió los esfuerzos de Israel por minimizar las bajas civiles en Gaza, señalando que Hamás utiliza a los civiles como escudos humanos, lo que agrava la tragedia. “Expertos militares internacionales han revisado las acusaciones contra Israel y concluyen que carecen de fundamento. Estas acusaciones son un intento político de deslegitimar a Israel”, afirmó.
Un conflicto que trasciende fronteras
La CPI acusa a Netanyahu y Gallant de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra entre octubre de 2023 y mayo de 2024. También emitió una orden contra Mohammed Deif, líder militar de Hamás, quien según Israel murió en un ataque aéreo en julio, aunque Hamás no lo ha confirmado.
El tribunal justificó la divulgación de estas órdenes como un acto en favor de las víctimas. Sin embargo, desde Israel, el ministro de Relaciones Exteriores, Gideon Saar, desestimó la decisión calificándola de “absurda” y carente de legitimidad.
La tensión generada por estas órdenes de arresto subraya las profundas divisiones sobre cómo gestionar el conflicto entre Israel y Palestina. Mientras Estados Unidos acusa a la CPI de politización, Europa defiende su papel como garante de la justicia internacional. Por su parte, Israel denuncia un ataque a su soberanía y al derecho de defenderse frente a grupos terroristas.
El desenlace de esta disputa tendrá implicaciones no solo en el conflicto en Gaza, sino también en las relaciones internacionales y el futuro de la justicia global.