“Es un mensaje político de control y represión (...), una muerte civil”, dijo a la AFP una abogada exiliada que pidió la reserva de su nombre y que constató que ya no figura como profesional activa en la plataforma digital de la Corte.
A su juicio, la medida forma parte de un “patrón” de persecución que el gobierno de Nicaragua mantiene contra ciudadanos “identificados con la defensa de la democracia” e incluye el despojo de la nacionalidad a reconocidos críticos.
El “mensaje” a los nicaragüenses es que “no pueden escoger cualquier abogado”, sino a aquellos que “tengan privilegios ante el régimen”, sostuvo la jurista.
La AFP conoció el caso de otro abogado que, al llegar a un juzgado, se le notificó que no contaba con licencia.
“Nicaragua no cumple ni el estándar mínimo de independencia judicial. Borrar a abogados del registro de la Corte Suprema, sin aviso, sin proceso, es cerrar el último canal de defensa que le quedaba al ciudadano”, declaró a la AFP Reed Brody, miembro de un grupo de expertos de la ONU que monitorea la situación de los derechos humanos de ese país.
La organización opositora Liberales Nicaragua también rechazó la medida, al asegurar que convierte a la abogacía “en una ciencia supeditada a las consignas y antojadizos designios políticos de la dinastía” Ortega-Murillo.
Hasta el momento ni el gobierno ni la Corte Suprema han emitido un pronunciamiento oficial sobre esta denuncia.
Los copresidentes y esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan desde hace casi dos décadas con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
