“Muchos canadienses quieren que Canadá se convierta en el estado 51″, publicó Trump en su red Truth Social.
“Ahorrarían masivamente en impuestos y protección militar. Creo que es una gran idea. Estado 51!!!“, añadió.
Una encuesta realizada la semana pasada por el Instituto Leger mostró que al 13% de los canadienses les gustaría que su país se convirtiera en un estado de Estados Unidos.
Trump mencionó por primera vez lo del “estado 51″ durante una cena con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a finales de noviembre.
Según Fox News, durante esa reunión, el presidente electo bromeó diciendo que si Canadá no puede asumir aranceles del 25% a sus exportaciones al país vecino –como amenaza con imponerle cuando asuma el cargo, el 20 de enero–, entonces debería ser absorbido por Estados Unidos.
Desde entonces, en sus mensajes se ha referido repetidamente al jefe del Gobierno canadiense como gobernador, título utilizado en Estados Unidos para designar al jefe del Ejecutivo de un estado federal.
Estos mensajes no han sentado nada bien entre los políticos canadienses, que los consideran una humillación o incluso una amenaza.
Canadá está sumido en una crisis política tras la sorpresiva dimisión el lunes de la número dos del gobierno por discrepancias con Trudeau sobre cómo gestionar la guerra económica que se avecina con Estados Unidos.
La intención del presidente electo estadounidense de elevar los aranceles hasta el 25% a las importaciones mexicanas y canadienses ha conmocionado a Canadá, que exporta el 75% de sus productos a Estados Unidos.
En términos de empleo, casi 2 millones de personas en Canadá, de una población de unos 41 millones, dependen de las exportaciones.
“Es parte de una forma de intimidación que es su manera de abordar las negociaciones”, explica Max Cameron, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia Británica.
Dominic LeBlanc, nuevo ministro de Economía desde el lunes, insistió en que, pese a las declaraciones de Trump, las conversaciones con el equipo del presidente electo de Estados Unidos fueron “productivas”.
El martes, junto con Marc Miller, ministro de Inmigración, presentó el plan canadiense ($1.300 millones en seis años) para garantizar mejor la seguridad de la frontera, como pide Trump.
