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Lima. El derrame de miles de barriles de crudo en la costa central de Perú dejó un sombrío balance: aves muertas flotando en el mar o cubiertas de petróleo sobre roquedales sin poder volar, mientras en los muelles los pescadores no pueden trabajar.
Unos 6.000 barriles de crudo se vertieron al mar el sábado pasado mientras un petrolero descargaba en la refinería La Pampilla, situada en Ventanilla, 30 km al norte de Lima, de propiedad de la petrolera española Repsol. La empresa atribuyó el accidente al oleaje causado por la erupción volcánica en Tonga.
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“En pleno apogeo nos han cortado el brazo”, dice con desazón el pescador Bernardo Espinoza, al destacar que él y sus colegas se quedaron sin poder trabajar en medio del verano austral, la época en que tradicionalmente venden más pescado.
“No podemos trabajar [...], venimos ya sacando los últimos recursos [ahorros], los últimos, estamos ya haciendo lo que se puede”, agrega Espinoza, pescador desde hace 50 años en la bahía de Ancón, 45 km al norte de Lima.
Las corrientes marinas han expandido el petróleo a lo largo de la costa a más de 40 kilómetros de la refinería, afectando a 21 playas, según el Ministerio de Salud, que recomendó a la gente no acudir a ellas pues tienen calificación “no saludable”. Las brigadas de limpieza del crudo han reemplazado a los bañistas en Ancón y en otros populares balnearios peruanos.
Periodistas de la AFP observaron las enormes manchas de petróleo sobre la superficie del mar y aves muertas flotando en el agua, en un recorrido por la bahía de Ancón a bordo de la embarcación “Rey de Petita”, que antes del derrame paseaba a turistas.
“Han atentado contra la vida silvestre y la vida, [y] el trabajo, de lo que es el pescador”, dice el capitán de esta pequeña embarcación, Rodney Vásquez, de 30 años, quien ha vivido toda su vida cerca del mar y es hijo de un pescador.
Por su lado, el pescador Alfredo Roque indica que las dificultades para la pesca en esta zona durarán mucho tiempo, pues muchos peces recién nacidos han muerto debido al derrame.
“Las crías [de los peces adultos] ya están muertas, las crías la mayor parte comen en la orilla del mar, y la orilla del mar está llena de petróleo”, explica.
Además de los pescadores, otras personas que vivían de actividades ligadas a las playas se quedaron sin ingresos: dueños y empleados de restaurantes, los que alquilan sombrillas y quienes venden comida y gaseosas a los bañistas.
En el muelle de Ancón solo siguen trabajando los tripulantes de embarcaciones mayores que pescan en alta mar, mientras los puestos de venta de pescado están vacíos, porque ya no hay clientes.
“No se vende nada {...], el pescado más que nada sale con el olor a petróleo, y la gente no compra, no consume porque tienen miedo de intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo”, indica Giovana Rugel, de 52 años, quien vende pescado en la entrada del muelle de Ancón.
Ahora los únicos ocupantes de las playas de Ancón y de los otros balnearios afectados son las brigadas de limpieza, conformadas por militares, personal contratado por la petrolera y voluntarios de AMAAC Perú y otras onegés.
El derrame fue calificado como “desastre ecológico” por el gobierno, pero Repsol afirma que no tuvo responsabilidad, pues las autoridades marítimas peruanas no emitieron alertas sobre un posible incremento del oleaje tras la erupción en Tonga.
Los brigadistas, que iniciaron su tarea el martes, visten trajes blancos de bioseguridad y portan guantes de látex. Usan palas para remover la arena impregnada de petróleo, que es luego llevada en camiones hacia depósitos de residuos tóxicos.
Esta faena se desarrolla en forma manual y nadie sabe cuándo terminará la limpieza en toda la costa afectada.
Perú exigió el miércoles a Repsol “resarcir” los daños por el derrame de los 6.000 barriles de crudo. El Ministerio del Ambiente indicó que fueron afectadas más de 174 hectáreas (equivalentes a unos 270 campos de fútbol) en la franja de playas y 118 de superficie en el mar.
El derrame ocurrió durante el proceso de descarga del buque tanque “Mare Doricum”, de bandera italiana, cuyo zarpe fue prohibido por el gobierno peruano a menos que se presente una carta fianza de unos 39 millones de dólares, o hasta que terminen las investigaciones sobre el vertido.
