El TPS protege contra la deportación y confiere el derecho a trabajar. Se otorga a extranjeros que no pueden regresar a salvo a sus países por motivos de guerra, desastre natural u otra condición “extraordinaria”.
Renovado por última vez durante el gobierno de Joe Biden por 18 meses, el TPS para estos dos países venció el pasado 5 de julio.
Cerca de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses están acogidos al TPS, según el departamento.
La supresión entrará en vigor el 6 de setiembre, 60 días después de que la orden sea publicada en el Registro Federal, señala el DHS en un comunicado.
Tanto en Nicaragua como en Honduras, la situación que propició la concesión de este permiso hace más de un cuarto de siglo ha mejorado, según el DHS. “El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser solo eso: temporal”, explicó Noem.
“Regreso seguro”
“Los impactos de un desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999 ya no existen”, asegura el departamento, que obvia la situación política y la persecución de la oposición del gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
“La situación medioambiental ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro para los ciudadanos nicaragüenses regresar a casa”, señala el comunicado.
En el caso de Honduras, el departamento de seguridad considera que el gobierno de este país “ha hecho enormes progresos” y “es seguro para sus nacionales regresar a casa”.
“Está claro que el gobierno de Honduras ha tomado todas las medidas necesarias para superar los impactos del huracán Mitch, hace casi 27 años. Los ciudadanos hondureños pueden regresar a casa con seguridad, y el DHS está aquí para ayudar a facilitar su retorno voluntario”.
El canciller hondureño, Javier Bu, “lamentó” en su cuenta de X la decisión del gobierno estadounidense de cancelar el TPS.
Durante una reciente visita de Noem a Tegucigalpa, el gobierno de Xiomara Castro le había pedido una extensión de este programa.
Noem no escatima elogios con Honduras, que “ha sido un socio maravilloso de la administración Trump, ayudándonos a cumplir promesas clave al pueblo estadounidense. Esperamos continuar nuestro trabajo con ellos”, dijo.
Tanto en el caso de Honduras como de Nicaragua, el DHS está dispuesto a “ayudar para facilitar el retorno voluntario” de los beneficiados de esta protección migratoria y les ofrece la autodeportación que conlleva una ayuda de 1.000 dólares.
Desde su llegada a la Casa Blanca en enero, Trump ordenó una revisión del programa y ha eliminado la protección para haitianos, venezolanos y afganos como parte de su campaña para expulsar a los inmigrantes en situación irregular en Estados Unidos.
