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Decenas de miles de personas tomaron este sábado 3 de octubre Madrid y otras ciudades españolas para exigir soluciones a la crisis de la vivienda, después de que el Congreso rechazara medidas paliativas del Gobierno de Pedro Sánchez, sometido a presión para que adelante las elecciones.
“Todos tenemos derecho a la vivienda y no hay derecho a lo que está pasando”, afirmó a la AFP Adhara Freile, una jardinera de 41 años que se unió a la protesta en la capital española.
Unas 70.000 personas participaron en la manifestación, según la delegación del gobierno español en Madrid, una cifra que elevó hasta los 500.000 uno de los organizadores, el Sindicato de Inquilinas.
Allí, donde activistas mantienen desde hace una semana un campamento en la céntrica Plaza del Sol, varias hileras convergieron en la Plaza de Cibeles, también en la zona histórica de la ciudad, bajo el lema “Hacia la huelga general”.
“Lo que se respira en las calles es una nueva energía (...) que viene de demostrar que ocho días de poder popular son capaces de hacer mucho más que ocho años de gobierno progresista”, dijo Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en referencia al ejecutivo del socialista Pedro Sánchez.
“Los políticos están a las órdenes del dinero, de los fondos buitre y alejados del pueblo”, denunció Freile, quien vive con su pareja en un apartamento de un barrio de Madrid y teme tener que abandonarlo el próximo año, cuando venza el contrato, si le aumentan el alquiler, como ya les ocurrió a varios de sus vecinos.
Centenares de personas salieron también en ciudades como Palma de Mallorca, Santander, Segovia y Toledo, mientras que en Barcelona la protesta se suspendió por un temporal.
En Valencia, la marcha terminó en enfrentamientos entre la policía y algunos manifestantes. Se saldó con nueve agentes heridos leves y cinco personas detenidas, según informó la prensa local.
“Condiciones muy precarias”
Marcos Sainz, librero de 26 años que se manifestó en Madrid, antes alquilaba con unos amigos un apartamento de tres habitaciones por 900 euros al mes. Recientemente se mudó a otro de dos habitaciones, que cuesta casi 1.000 euros.
“Y me siento privilegiado porque me lo puedo permitir”, afirmó a la AFP.
Aseguró que seguirá protestando “hasta que alguien se atreva a regular” el mercado. “Nos vamos a tener que ir todos de Madrid y me da pena porque yo soy de Madrid”, lamentó.
Las manifestaciones, convocadas antes de la votación parlamentaria del viernes, se producen en medio de la crisis desatada hace unos diez días por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se convirtió en símbolo de los problemas de acceso a la vivienda que afectan a España desde hace años.
“Vivimos en unas condiciones muy precarias, apretadísimas por un sistema que no nos da unas condiciones dignas para vivir. Y estamos reclamando un derecho básico, que es tener una vivienda digna, una estabilidad”, explicó Javier, un instalador de paneles fotovoltaicos de 31 años que prefirió no dar su apellido.
“Ahora mismo estoy viviendo en un piso de 90 metros cuadrados, con otros cuatro (...) He estado pagando, como la mayoría de nosotros, la mitad de nuestro sueldo por una habitación diminuta”, agregó.
Sánchez reflexiona
La derrota del Gobierno el viernes en el Parlamento, donde fueron rechazados dos decretos con medidas sobre vivienda, volvió a situar en el centro del debate la posibilidad de un adelanto de las elecciones generales, previstas para mediados de 2027.
Según la prensa española, el presidente del gobierno se ha dado unos días para evaluar la situación y decidir si las convoca.
El jefe de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este sábado a Sánchez que deje de “amagar” con elecciones y las convoque de una vez, “porque [el] país no aguanta más”.
Como en muchos países europeos, la falta de viviendas asequibles es uno de los principales problemas sociales en España, donde se acusa a plataformas turísticas como Airbnb y a fondos de inversión de disparar los precios al comprar propiedades inmobiliarias y reducir la oferta para los residentes.
