Los panameños viven una crisis nunca antes vista desde el derrocamiento del dictador Manuel Antonio Noriega en 1990. Hay marchas masivas hacia la Presidencia, bloqueos de carreteras y una represión que ha llevado a una escalada de violencia.
Como consecuencia, una persona perdió la vida, centenares están detenidos, hay decenas de heridos y se registran pérdidas económicas en sectores clave de la economía canalera.
En las últimas horas, el gobierno de José Raúl Mulino declaró estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, en la zona limítrofe con Costa Rica, donde se han registrado los disturbios más importantes desde que iniciaron las manifestaciones a finales de abril de este año.
La medida restringe varias garantías constitucionales, como la libertad de movimiento, y permite a la Policía realizar arrestos sin orden judicial hasta el 25 de junio. Además, durante ese tiempo, también se suspenden los servicios de internet y telefonía.
¿Cuál fue el detonante?
El malestar se incrementó desde finales de marzo, cuando el Congreso panameño aprobó un paquete de reformas impulsadas por el Ejecutivo sobre la seguridad social, entre ellas una de jubilación y otra de la Caja de Seguro Social (CSS). Esta Ley (462), entre otras cosas, impone requisitos más duros para jubilarse y reduce los montos de algunas pensiones futuras.
El Gobierno justificó que es una medida para evitar el colapso del sistema, pues Panamá ha acumulado un déficit de más de $650 millones en las pensiones de los trabajadores. Sin embargo, los gremios laborales lo consideran un castigo para los trabajadores.
El debate se mantuvo durante más de un mes, hasta que el sindicato de docentes inició una huelga indefinida el 23 de abril. Luego se sumaron otros sectores, como el de la construcción —el más numeroso del país— y el de los trabajadores bananeros.
La protesta se extendió en todo el país. Bloquearon carreteras, suspendieron clases y se reportaron enfrentamientos violentos con la policía.
El papel de la bananera
En Bocas del Toro, la confrontación escaló el 22 de mayo, cuando la empresa bananera Chiquita Brands despidiera a 5.000 trabajadores que se habían declarado en huelga.
Esos despidos masivos fueron notificados por la filial panameña de Chiquita en un comunicado en el que citó “el abandono injustificado de labores en nuestras fincas y centros de operación” de los trabajadores.
La compañía justificó que, luego de 24 días de paro, sufrió pérdidas de $75 millones y que había “daños irreversibles en la producción”.
LEA MÁS: Bananera de Estados Unidos despedirá a trabajadores en medio de protestas en Panamá
Para conocer la importancia de Chiquita Brands en la historia de Panamá, es necesario trasladarse hasta el siglo XIX. Esta firma estadounidense y sus filiales son herederas de la United Fruit Company, una empresa, fundada en 1899, que cambió el mundo con su modelo de producción de banano e influyó en la política y economía de varios países latinoamericanos.
Es por eso que a varios países se les comenzó a llamar “repúblicas bananeras”, y esto es material de libros de historia y novelas latinoamericanas.
La United Fruit Company empleaba a miles de personas, era dueña de miles de hectáreas de tierra y contaba con el respaldo del Gobierno estadounidense. De tal forma que esto le daba un gran poder para influir en las políticas de los países latinoamericano.
En Colombia, por ejemplo, fue condenada por financiar paramilitares y jugar un papel central en la llamada masacre de las bananeras de 1928. También participó en el golpe de Estado de Guatemala de 1954.
Aunque atravesó una fuerte crisis a mediados de los años 70, sobrevivió cambiando de dueños y, en la actualidad, Chiquita Brands vende toneladas de bananos con stickers azules en los supermercados de todo el mundo.
Panamá es uno de los mayores exportadores de bananos. Tan solo en este país cuenta con 26 fincas que abarcan unas 7.000 hectáreas, lo cual representa el 90% de la producción del país en las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí.
¿Por qué la crisis ha escalado a estos niveles?
La periodista Sol Lauría explicó en un artículo en el diario español El País que, además de las protestas por el sistema de pensiones, se han sumado inconformidades sobre el acuerdo que garantizó a Estados Unidos el retorno a sus antiguas bases militares y las intenciones de reabrir una mina que la Corte Suprema de Justicia ordenó cerrar en el 2023.
El caldo de cultivo es estructural: Panamá es uno de los países más desiguales —más del 10% de la población concentra el 37% de los ingresos— de la región más desigual del planeta y apunta a una combinación de privaciones.
Por un lado, ha aumentado el desempleo y la informalidad —la mitad de los trabajadores del país son informales-. Mientras que por otro lado, la ciudadanía casi no tiene capacidad para incidir en la toma de decisiones.
Como suele suceder en este tipo de revueltas, la respuesta estatal— llámese represión— a estos malestares ha incrementado el fuego de la indignación. En febrero, el presidente Mulino calificó de “mafia” y “maleantes” al sindicato más poderoso de Panamá, el Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Construcción (Suntracs), y avisó: “Van a pagar el precio de la ley”.
Además, Mulino tildó de “cinco gatos” que “no pagan planillas” a los millones de personas que se manifestaron contra la minería en el 2023.
Hasta el momento se registra la muerte de una persona, en la provincia del Darién; hay cerca de 500 detenidos, decenas de heridos, entre ellos 34 policías; y solo la empresa bananera registra pérdidas económicas de $75 millones.
Además, dos dirigentes de Suntracs, Jaime Caballero y Genaro López, fueron detenidos, y esto provocó una manifestación masiva el pasado 25 de mayo.
El secretario general de ese sindicato, Saúl Méndez, se refugió en la embajada de Bolivia porque enfrentaba órdenes de captura por parte de la Fiscalía. Sin embargo, el oficialismo lo compara con el asilo que recibió el expresidente Ricardo Martinelli en la embajada de Nicaragua antes de huir a Colombia.
¿Qué se espera?
El presidente Mulino enfrenta un escenario sin precedente. Asegura que está abierto al diálogo, pero ha recurrido a la represión. Su opinión favorable se encuentra en picada: ha descendido de un 58% en el 2024 a un 23% en las últimas semanas.
En tanto, la Iglesia católica y otros sectores han intentado mediar sin éxito. Para los analistas, la salida se encuentra en manos del presidente: reconocer sus errores y actualizar el sistema de representación.
Pese a que esta semana entró en vigor una nueva ley con beneficios laborales para los trabajadores de las bananeras, algunos sectores sindicalistas no reconocieron el acuerdo y han decidido seguir con los reclamos en las calles de Panamá.