Este jueves, la Corte Suprema fijó una audiencia para el 15 de mayo y por el momento rechazó la solicitud de suspensión presentada por el gobierno.
El primer día de su segundo mandato, Trump firmó un decreto para poner fin a este derecho, pero fue bloqueado por cortes de distrito federales de Maryland, Massachusetts y el estado de Washington.
La ciudadanía por nacimiento está consagrada en la 14ª enmienda de la Constitución, que decreta que cualquier persona nacida en suelo estadounidense es ciudadana.
Trump quiere ponerle fin cuando los padres de los niños se encuentren en el país ilegalmente.
Con una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema, el departamento de Justicia buscó limitar el alcance de las órdenes judiciales de primera instancia a las personas directamente afectadas, es decir, a las que recurrieron a la justicia.
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La asesora jurídica interina de la administración del presidente Trump, Sarah Harris, la describió como una solicitud “modesta”, que actualmente no busca un fallo de la Corte Suprema sobre si eliminar la ciudadanía por nacimiento es constitucional o no.
Trump se enfrenta a la resistencia de los tribunales de todo el país a su política de frenar la migración ilegal, recortar el presupuesto gubernamental y despedir masivamente a funcionarios.
El decreto de Trump sobre el fin a la ciudadanía por nacimiento prohíbe al gobierno federal emitir pasaportes, certificados de ciudadanía u otros documentos a niños cuya madre se encuentra en Estados Unidos ilegal o temporalmente y cuyo padre no es ciudadano estadounidense o residente permanente.
También se ven afectados los niños cuyos padres residen temporalmente en Estados Unidos con una visa de estudiante, trabajo o turista.
