Las órdenes, dirigidas contra Habibulá Agha, ministro de Educación, y Neda Mohammad Nadim, ministro de la Educación Superior, habían sido emitidas el 9 de septiembre de 2025 de manera confidencial.
Hace unos meses el tribunal de La Haya ya emitió órdenes de arresto contra el líder supremo de los talibanes, Hibatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo, Abdulhakim Haqqani.
La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte concluyó en un comunicado que existen “motivos razonables” para creer que los cuatro sospechosos son “responsables de haber ordenado, instigado o solicitado la comisión de un crimen de lesa humanidad de persecución (...) por motivos relacionados con el género”.
Agha y Nadim son fieles al líder supremo Ajundzada y desempeñan un papel decisivo en el mantenimiento de la prohibición que impide a las mujeres y las niñas continuar sus estudios después de los 12 años.
Estas órdenes de arresto aumentan la presión internacional sobre los talibanes, pero el gobierno afgano afirmó que no reconoce a la CPI.
“Nos regimos por los dictámenes de la sharia islámica y sus tribunales, no por entidades de inteligencia ni por los llamados tribunales”, declaró el portavoz principal, Zabihullah Mujahid, en un comunicado.
“Afganistán exhorta a dichas entidades a que no hagan afirmaciones que excedan su autoridad y jurisdicción”, agregó.
Los presuntos crímenes se habrían cometido en territorio afgano desde la toma del poder por los talibanes el 15 de agosto de 2021 y habrían continuado al menos hasta el 20 de enero de 2025, precisó la Corte.
