“Privaron a los representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de su autoridad constitucional para decidir si, cuándo y cómo se debe cerrar un organismo creado por el Congreso”, afirma el dictamen.
Veintiséis antiguos empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros actuales que contestan la autoridad de Elon Musk sobre la agencia federal pidieron la intervención de la justicia.
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El juez ordenó a la comisión de eficiencia gubernamental de Musk que restablezca el acceso a los correos electrónicos, pagos y sistemas electrónicos de todo el personal de USAID.
Cuando regresó a la Casa Blanca, el 20 de enero, el presidente republicano Donald Trump firmó un decreto ordenando la congelación de la ayuda exterior estadounidense durante 90 días.
La congelación de esta ayuda causó conmoción en la agencia creada por ley en 1961.
USAID manejaba un presupuesto anual de $42.800 millones, lo que representaba el 42% de la ayuda humanitaria desembolsada en todo el mundo.
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Trump prometió durante su campaña reducir la carga del gobierno federal y recortar el gasto, una tarea que encargó a su aliado millonario Elon Musk.
El director general de Tesla, SpaceX y X ha lanzado una gran ofensiva para reducir drásticamente el gasto público utilizando métodos que los demócratas y los sindicatos consideran brutales y arbitrarios.
