El congreso bicameral de México inició este domingo una nueva legislatura en la que el oficialismo de izquierda contará con supermayorías que le permitirán aprobar sin obstáculos un ambicioso plan de reformas, donde destaca una polémica reestructuración del poder judicial.
Avalada por la contundente victoria electoral de la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio, la alianza oficialista consiguió la “mayoría calificada”, equivalente a dos tercios de los asientos de la Cámara de Diputados, y quedó a un solo escaño de lograr esta misma proporción en el Senado.
Con estos números, la bancada oficialista puede aprobar cambios en la Constitución -requeridos para algunas de las iniciativas- sin necesidad de los votos opositores.
Del paquete de 18 reformas, entregado hace meses por el saliente presidente Andrés Manuel López Obrador y conocido como “plan C”, destaca la del Poder Judicial, que opositores ven como un lance autocrático del oficialismo.
“Que no quede ninguna duda, el plan C es el mandato mayoritario del pueblo (...) y se convertirá con la votación calificada en ambas cámaras en programas, presupuesto y acciones del próximo e histórico gobierno de la República”, dijo Ignacio Mier, senador de Morena, el partido de López Obrador y Sheinbaum, quien asumirá el cargo el 1.° de octubre.
La columna vertebral de la reforma judicial es la elección de jueces y magistrados por voto popular, una propuesta que desató nerviosismo en los mercados y críticas de Estados Unidos, además de una huelga de los trabajadores del sector.
El gobierno izquierdista alega que busca acabar con los privilegios del Poder Judicial que, asegura, está al servicio de las élites. Sus detractores replican que politizará la justicia y minará su independencia.
Un gobierno mexicano con supermayorías legislativas es una situación inédita en lo que va del siglo XXI. Su antecedente se remonta a la década de 1990, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) aún mantenía la hegemonía política que ostentó por más de 70 años.
La oposición denunció ante el tribunal electoral mexicano una interpretación indebida de las leyes sobre el reparto de asientos en el Congreso, que daría una “sobrerrepresentación ilegal” al oficialismo.
Pero la demanda fue desestimada por el tribunal que terminó de certificar la semana pasada los resultados.
“Aquí hay una mayoría artificial, una mayoría que contrasta con lo que sucedió en las urnas”, declaró Noemí Luna, diputada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), principal fuerza opositora, entre gritos y pifias de los legisladores oficialistas.
