El 13 de agosto, la Policía allanó las instalaciones del diario, el más antiguo del país y el único que circulaba de manera impresa, bajo cargos de fraude aduanero y lavado de activos.
La intervención se produjo un día después que el rotativo denunciara el "secuestro" por parte de la oficina de Aduana de papelería y equipos importados para operar.
"Después de 33 días que las instalaciones de Editorial La Prensa fueron allanadas y nuestro gerente general Juan Holmann fue detenido, la empresa se ha visto en la necesidad de hacer un recorte forzado de personal para poder sobrevivir", informó el rotativo en su sitio web.
Indicaron que el gerente general del diario fue acusado “absurdamente” el 9 de setiembre de lavado de dinero, que las cuentas de la editorial “han sido congeladas” y las instalaciones del diario están ocupadas, sin “señales de que la dictadura tenga ánimo de regresarlas a sus legítimos dueños”.
“Esta situación nos obligó a tomar la dolorosa decisión de reducir nuestro personal para operar solo con la cantidad suficiente para continuar informando desde nuestro sitio web y garantizar la supervivencia de la empresa”, explicaron.
Ortega ha acusado a La Prensa “de prestarse a lavar dinero” y de realizar “otras actividades” ajenas al periódico, lo que ha juzgado como “un delito”.
El diario fue objeto de cierres durante la dictadura de los Somoza (1937-1979), así como el bombardeo de sus instalaciones y el asesinato de uno de sus directores, Pedro Joaquín Chamorro, esposo de Violeta Barrios de Chamorro, quien ejerció la presidencia entre 1990 y 1997.
La Prensa también sufrió censura tras la victoria de la revolución sandinista en 1979, cuyo gobierno Ortega presidió en los años 80.
Tras el retorno de Ortega al poder en el 2007, el periódico enfrentó dos episodios de retención de papel por parte del gobierno y recientemente el allanamiento de sus instalaciones.
Tres hijos de Chamorro son acusados de lavado de dinero, entre ellos Cristiana Chamorro, bajo arresto domiciliar, quien aspiraba competir por la presidencia en las elecciones del 7 de noviembre.
Treinta y seis opositores, entre ellos siete aspirantes a la presidencia, están detenidos desde junio bajo cargos de "conspiración" en perjuicio del Estado, mientras que varios periodistas independientes decidieron exiliarse por temor a ser encarcelados.
Ortega ha dicho que los opositores presos son “terroristas” que preparaban un supuesto golpe de estado de cara a las elecciones de noviembre, en la que el mandatario buscará un cuarto mandato consecutivo.
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