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El expresidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa, Nadine Heredia, dieron declaraciones a los periodistas, este jueves, al salir de la sede del Partido Nacionalista Peruano donde se reunieron con sus abogados, en Lima. (AP)
Lima
Un juez ordenó el jueves enviar a prisión preventiva por 18 meses al expresidente peruano Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia mientras son investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción ligados al caso Odebrecht.
De este modo Humala, un militar retirado del Ejército, de 55 años, se convertirá en el segundo exmandatario peruano tras las rejas. Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 al 2000, está en una cárcel de Lima donde cumple una sentencia de 25 años por los delitos de asesinato y corrupción.
Nadine Heredia, de 41 años, será la primera esposa de un exgobernante que va a prisión en la historia republicana de Perú.
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El magistrado de investigación preparatoria Richard Concepción arguyó que el peligro de fuga de la pareja se ha "intensificado y existe un alto grado de que puedan eludir la Justicia" y obstruyan la actividad probatoria. La pareja debe ser internada de inmediato en una cárcel por 18 meses, añadió.
Humala y Heredia no asistieron a la sala judicial y esperaron el resultado de la sentencia en su domicilio.
Imputaciones. El fiscal Germán Juárez acusó a la pareja de lavar activos tras las campañas presidenciales del 2006 y el 2011, y sostuvo que recibieron "dinero de fuente ilícita, la metieron al circuito económico, le dieron apariencia de legalidad con aportantes falsos".
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Explicó que ambos recibieron dinero público de Venezuela para la campaña del 2006 en la que Humala perdió. En el 2011, cuando Humala ganó, las firmas brasileñas Odebrecht y OAS aportaron dinero que habría estado destinado a corromper funcionarios y obtener licitaciones, agregó el fiscal.
Marcelo Odebrecht, director general de la constructora, declaró en abril que entregó tres millones de dólares para la campaña de Humala.
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Este ha negado insistentemente haber recibido contribuciones de empresas brasileñas para sus campañas presidenciales. En Perú, recibir y usar fondos de una campaña electoral otorgados por una empresa privada no es delito, pero si se demuestra en un juicio que el dinero tuvo origen ilícito se podría configurar el delito de lavado de activos, según expertos criminalistas.
En diciembre, Odebrecht admitió ante una corte judicial de Nueva York que había pagado millonarios sobornos para ganar licitaciones de importantes obras públicas durante los gobiernos de los presidentes Alejandro Toledo, Alan García y Humala entre 2001 y 2016.
