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La Habana y Bogotá. AP y AFP. Un acuerdo de paz que ponga fin a cinco décadas de conflicto militar entre las FARC y el Gobierno en Colombia parece cada vez más cercano, luego de que las partes firmaron, el martes, un acuerdo que garantiza el sometimiento a la Justicia de guerrilleros y militares.
Las partes se comprometieron a indemnizar a las víctimas del enfrentamiento y a castigar a los culpables de delitos atroces, como parte de un esfuerzo por lograr la reconciliación.
Pero no solo aquellos deberán rendir cuentas ante los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz. También se exponen los paramilitares y los empresarios que hayan financiado el conflicto armado.
“En cumplimiento de nuestro compromiso de poner a las víctimas en el centro del acuerdo (...), el Gobierno nacional y las FARC acordamos crear el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición” de violencia, según una declaración conjunta leída en La Habana.
El acuerdo, de 63 páginas, lo suscribieron Iván Márquez y Humberto de la Calle, jefes de los equipos negociadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno, respectivamente, en presencia de representantes de Cuba y Noruega, garantes del proceso, y de las víctimas, que viajaron a La Habana para respaldar el histórico pacto.
“El reconocimiento de los derechos de las víctimas pronostica el posible fin del conflicto y el advenimiento de una paz firme”, manifestó De la Calle, exvicepresidente colombiano.
‘Sistema integral’. Las partes acordaron lo que llamaron “un sistema integral” de cinco aspectos principales: una comisión para el esclarecimiento de la verdad, una unidad especial para la búsqueda de desaparecidos, un paquete de medidas de reparación y otro para garantías de que el conflicto no se repetirá.
El punto cinco, el más polémico, comprende la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal que tendrá carácter jurídico y se encargará de condenar las violaciones a derechos humanos y aplicar sentencias.
“La justicia restaurativa era la mejor fórmula de alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general”, dijo Márquez, cuyo nombre legal es Luciano Marín Arango.
De la Calle indicó que las penas máximas de cárcel podrían llegar a los 20 años para los implicados en el conflicto que no reconozcan los hechos ni colaboren para su esclarecimiento, sean rebeldes o militares, pero se aplicarán medidas de restricción de derechos sin prisión a quienes aporten elementos para los tribunales de la Jurisdicción Especial para la Paz y al que podrán ir a parar guerrilleros, militares, paramilitares y hasta empresarios.
Según el negociador oficial, también se prevé una amnistía para casos solo del delito de rebeldía, pero que jamás se aplicará para crímenes de lesa humanidad u otros, como toma de rehenes o reclutamiento de menores.
Posteriormente a la ceremonia, en un encuentro con la prensa, De la Calle reconoció que muchos colombianos miran con desconfianza el acuerdo de paz, pero les pidió que evalúen la integralidad del sistema en todas sus partes que llevarán aque no se repita la guerra.
“Hoy reivindicamos nuestra dignidad”, expresó durante la ceremonia Jineth Bedoya, quien habló a nombre de las víctimas y expuso la descorazonadora realidad de que habían recibido amenazas aún sin investigación por haber venido a las conversaciones en La Habana.
“Al venir a ofrecer nuestra voluntad de reconciliación estamos creyendo en ustedes y queremos que el país crea en el acuerdo de paz” , agregó Bedoya mirando a la delegación de FARC y Gobierno. “Pero si ustedes fallan no lo harán con nosotros, lo harán con la historia de Colombia” .
Cerrar el punto de las víctimas supone además agilizar e l acuerdo que el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sellaron el 23 de setiembre sobre la justicia.
Habrá unos 40 jueces, 80% colombianos y 20% extranjeros. Tendrá cuatro secciones: reconocimiento y verdad, enjuiciamiento, apelación y revisión de sentencia, y tres salas: verdad y reconocimiento de responsabilidades, amnistía e indulto y definición de situación jurídica.
De La Calle afirmó que se estudia el cese de fuego bilateral --hasta ahora la FARC mantienen uno unilateral como gesto de buena voluntad– y que para su delegación se mantiene la fecha del 23 de marzo como tope para la firma final del acuerdo definitivo, una fecha que fue desestimada por la guerrilla en días pasados.
Anteriormente las partes habían acordado otros tres puntos de la agenda prestablecida de trabajo en la cual se basa la mesa de diálogo: los problemas agrarios, la participación política y el combate al narcotráfico.
Las conversaciones comenzaron a finales del 2012 en Oslo, Noruega, y luego se trasladaron a Cuba.
Durante el primer año y medio las partes llegaron a acuerdos sobre los tres primeros puntos mencionados, pero concretar el relacionado con las víctimas se demoró otro año y medio.
