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México. AFP. La fuga del capo Joaquín el Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad en México, es el broche de oro para una larga historia de evasiones masivas, motines y asesinatos en cárceles, que, según varios especialistas, reflejan la corrupción que persiste en el sistema político y judicial del país.
La segunda fuga de Guzmán de una cárcel de máxima seguridad es evidencia de una “sintomática corrupción” en los sistemas político y judicial mexicanos, dijo Raúl Benítez Manáut, experto en seguridad nacional de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En una espectacular huida, que el país pudo presenciar en un [[BEGIN:INLINEREF LNCVID20150715_0018]]video difundid[[END:INLINEREF]]o el martes, el líder del cartel de Sinaloa se fugó el sábado por segunda vez de un penal de alta seguridad.
El narco huyó por un hoyo bajo la ducha de su celda en la cárcel de El Altiplano que conectaba con un túnel de más de 1,5 kilómetros (km) hasta el exterior de la prisión, ubicada a 90 km de la capital mexicana.
El Gobierno reconoció que el capo tuvo que tener ayuda de funcionarios o trabajadores del penal para su evasión, lo que ha colocado en una situación difícil y vergonzosa a la administración de Enrique Peña Nieto .
Por ahora, cesaron al director de El Altiplano y a dos responsables del sistema penitenciario federal, mientras 22 trabajadores del penal son interrogados por posible colaboración.
Un sistema dañado. La huida de Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo hasta su captura en febrero del 2014 , “es una llamada de atención grande para los políticos de todos los partidos para que controlen la corrupción”, afirma Benítez Manáut.
Las deficiencias en las cárceles mexicanas han llegado a tal punto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ( ombudsman ) señaló en el 2012 que el crimen organizado tenía control sobre el 60% de todos los penales.
En los últimos años han ocurrido masivas fugas y espeluznantes episodios en las prisiones mexicanas, enmarcadas en la espiral de violencia desatada por la ofensiva militar antidrogas y las batallas entre carteles.
En 2010 se descubrió que la directora de un centro de reclusión en Gómez Palacio, región de Durango, autorizaba que reos vinculados al cartel de los Zetas salieran por las noches del penal, con vehículos y armas oficiales, a matar enemigos. Mientras en 2013, 131 reclusos huyeron por la puerta principal de una cárcel en Piedras Negras (norte), limítrofe con Estados Unidos.
Del penal de El Altiplano, construido hace unos 25 años, no se habían conocido hasta ahora fugas y era considerado un centro de reclusión inexpugnable.
Empero, la Comisión Nacional de Derechos Humanos había advertido en el 2013 de que el penal carecía de suficiente personal de seguridad, además de que en su interior había objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercían violencia sobre otros.
Ante este panorama, analistas cuestionaron que Guzmán no fuera extraditado hacia Estados Unidos, donde se le quiere procesar por numerosos cargos por la introducción de cargamentos de droga.
“Mantener en cárceles nacionales a capos de esta fuerza y este poder significa una gran amenaza y riesgo contra el Estado mismo porque tienen capacidad de corromper a jueces nacionales, como fue el caso de Colombia, secretarios de Estado y legisladores”, señala Gerardo Rodríguez, coordinador del centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas en Puebla.
Desde que asumió el poder en el 2012, Peña Nieto se ha rehusado a extraditar a Estados Unidos a grandes capos. Contrariamente, su antecesor Felipe Calderón (2006-2012) entregó durante su gobierno a cientos de narcotraficantes, empezando por Osiel Cárdenas, el poderoso jefe del cartel del Golfo y creador de Los Zetas.
Analistas como Benítez Manaut han atribuido esta decisión a que el gobierno mexicano busca evitar que se revelen las redes de corrupción política que maneja el Chapo.
“Uno de los principales problemas de México es el nacionalismo judicial, que ha sido muy dañino” para México, concluye el experto.
