Además de Maduro, el Departamento de Justicia develó cargos contra el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello; el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; y el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; así como contra los militares retirados Hugo Carvajal, exjefe de la inteligencia militar; y Clíver Alcalá Cordones.
También acusó a dos líderes de la extinta guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, jefe negociador de los rebeldes en las conversaciones que desembocaron en el acuerdo de paz del 2016, y a Jesús Santrich, llamado realmente Seuxis Paucis Hernández, también negociador en los diálogos de La Habana y exalto mando guerrillero.
Los cargos por participar en una "conspiración narcoterrorista" conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.
El Departamento de Estado ofreció recompensas de hasta $15 millones por datos que lleven a la captura de Maduro, cuya autoridad Washington desconoce, y por hasta $10 millones por información que permita detener a Cabello, El Aissami, Carvajal, y Alcalá Cordones.
Maduro es acusado de "haber participado en una asociación criminal que involucra a una organización terrorista extremadamente violenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en un esfuerzo por inundar Estados Unidos de cocaína", declaró el fiscal general Bill Barr en una videoconferencia.
Barr acusó a Maduro y a su entorno de conspirar "durante más de 20 años" con las FARC para el tráfico de drogas a Estados Unidos. Dijo que entre 200 y 250 toneladas de cocaína fueron enviadas al amparo del gobierno venezolano.
“El anuncio de hoy se centra en erradicar la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano”, manifestó Barr en un comunicado.
"Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos usen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas de Sudamérica ni promover sus esquemas criminales", añadió.
Por su parte, el gobierno venezolano declaró que Estados Unidos intenta una “nueva modalidad de golpe de Estado” al inculpar a Maduro.
“El gobierno de Donald Trump vuelve a arremeter contra el pueblo de Venezuela y sus instituciones democráticas, utilizando una nueva modalidad de golpe de Estado sobre la base de acusaciones miserables, vulgares e infundadas”, se afirmó en un comunicado leído por el canciller Jorge Arreaza.
‘Cocaína como un arma’
Los funcionarios estadounidenses señalaron a Maduro como líder de la organización narcotraficante Cartel de los Soles, que según dijeron involucraba a políticos de alto rango y miembros del ejército y el poder judicial venezolanos.
Según documentos judiciales, la entonces guerrilla de las FARC y el Cartel de los Soles enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países de América Central, como Honduras.
"Maduro usó muy deliberadamente la cocaína como un arma", dijo el fiscal federal Geoffrey Berman.
EE. UU. inculpa a Maduro de 'narcoterrorismo'
"Las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance del cumplimiento de la ley estadounidense", señaló por su parte el jefe interino de la agencia antidrogas estadounidense DEA, Uttam Dhillon.
Al anunciar las recompensas ofrecidas con el fin de llevar ante la justicia a Maduro y los funcionarios y exfuncionarios venezolanos, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que "estas personas violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela".
"El pueblo venezolano merece un gobierno transparente, responsable y representativo que atienda las necesidades del pueblo y que no traicione la confianza del pueblo al condonar o emplear a funcionarios públicos que se dediquen al tráfico ilícito de narcóticos", dijo Pompeo.
Y añadió el compromiso de Estados Unidos para "ayudar al pueblo venezolano a restaurar su democracia a través de elecciones presidenciales libres y justas".
Maduro, sucesor en 2013 del fallecido expresidente Hugo Chávez, fue reelegido para un segundo mandato en 2018 después de un boicot electoral por parte de la oposición, que rechazó los resultados por considerarlos fraudulentos, al igual que buena parte de la comunidad internacional.
Estados Unidos, al igual que otros casi 60 países, apoyan al líder opositor venezolano Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), a quien desde enero del 2019 reconocen como presidente interino.
Desde entonces, el gobierno de Trump presiona por la salida del poder de Maduro con una batería de sanciones económicas. Pero Maduro conserva el apoyo de China, Rusia y Cuba.
El partido de izquierda FARC, surgido del acuerdo de paz en Colombia, oficializó en octubre pasado la expulsión de Márquez y Santrich, exjefes rebeldes que a finales de agosto anunciaron que volvían a las armas.
El expresidente colombiano Andrés Pastrana dijo meses atrás que Márquez y Santrich se ocultan en Cuba tras refugiarse en Venezuela.
